Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 51% de las compañías españolas ha aprobado que sus clientes retrasen la fecha de pago para asegurar su supervivencia, frente al 36% de entidades que hacían esta afirmación en 2021. Además, el 50% de las empresas también reconoce haber cedido a una ampliación en los plazos de pago para no dañar la relación con sus clientes

El entramado empresarial está expectante ante la incertidumbre económica y muchas compañías ya están viendo cómo la escalada de la inflación, el crecimiento de los tipos de interés o los problemas en la cadena de suministro están repercutiendo en su balance económico, poniendo en riesgo su rentabilidad, liquidez y supervivencia. Una situación que, entre otras consecuencias, está provocando que la brecha entre las fechas de pago fijadas con los clientes y su duración real sea cada vez mayor.

Junto a la dificultad financiera de muchas organizaciones para hacer frente a las deudas pendientes, muchas empresas se ven forzadas a aceptar plazos de pago más largos en el abono de facturas pendientes por miedo a perder a sus clientes, lo que está provocando un aumento en el retraso de los pagos del sector empresarial.

Una prueba de ello son los datos obtenidos por Intrum en su Informe Europeo de Pagos 2022, que muestra que el porcentaje de compañías españolas que reconocen haber cedido a la petición de sus clientes de ampliar los plazos de pago para evitar que quiebren ha crecido 15 puntos porcentuales: mientras que este año el 51% de las empresas ha aceptado esta dilatación por dicho motivo, en 2021, esta cifra porcentual era notablemente inferior, situándose en el 36%.

El segundo motivo más mencionado de autorizar revisiones en las condiciones de pago es el miedo a dañar la relación con los clientes. Tal y como se desprende del estudio de la firma especializada en servicios de gestión de crédito y activos, 5 de cada 10 compañías indican haber extendido alguna vez la fecha de abono de facturas de sus clientes por esta razón. Este dato sitúa España dos puntos por debajo de la media europea, con un 52%.

Las compañías que más se han visto obligadas a aumentar los plazos de pago para no dañar la relación con sus clientes son las serbias, con un 63%, seguidas muy de cerca de las organizaciones de Lituania (62%), Irlanda (61%) y Letonia 60%. Por su parte, las que menos ceden en este sentido son las empresas de Suecia (42%), Rumanía (45%) y Dinamarca (46%).

Esta mayor flexibilidad a la hora de ampliar las fechas en el abono de facturas estaría empeorando la situación financiera de las empresas, ya de por sí más vulnerables por la incertidumbre económica actual. Según el Informe Europeo de Pagos, el 48% de las organizaciones españolas indica que las condiciones de pago que actualmente ofrecen a sus clientes son demasiado generosas y están afectando a su negocio de forma negativa. Un porcentaje 5 puntos superior al de 2021, cuando el 43% de las empresas hacía esta afirmación.

Los clientes pertenecientes al sector público pagan 22 días tarde

A la hora de analizar los días de diferencia entre la fecha inicial de pago y el momento real de abono de la factura, se percibe un incremento generalizado en el segmento empresarial (B2B): las cifras muestran que, en 2022, las empresas posponen esta operación una media de 16 días, frente a los 12 días de retraso registrados en 2021.

Muy por encima estarían, sin embargo, las del sector público, con una demora en los pagos de 22 días de media, frente a los 11 obtenidos en el estudio de hace un año.

El único sector que ha mejorado el tiempo de pago es el de los consumidores (B2C), que ha conseguido reducir esta brecha un día respecto a 2021, tardando una media de 9 días en desembolsar el pago desde la fecha inicial de abono.

Con el fin de dinamizar los pagos entre empresas y favorecer el crecimiento económico de las compañías españolas, recientemente se ha aprobado la denominada ‘Ley Crea y Crece’. Esta nueva norma contempla, entre otros aspectos, extender la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales, el establecimiento de medidas sancionadoras para aquellas empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad, o la creación de un Observatorio de Morosidad Nacional, que tendrá la misión de realizar un seguimiento y análisis de la evolución de los plazos de pago y que promoverá buenas prácticas.