Tras el cese de contrato de más de cien trabajadoras y trabajadores el pasado mes de abril, el IMAS y la Consejería de Mujer de la Región de Murcia se excusan diciendo que ellos son meros gestores de un dinero que les viene dado, por el Consejo de Gobierno, sin dar soluciones y èsta decisión, para el sindicato pueden acelerar el hundimiento de los servicios públicos.

Con esto, se vuelve a la situación anterior a marzo del año 2020, con unas plantillas en servicios mínimos permanentes, con un deterioro de la calidad del servicio prestado a las personas mayores y colectivos de discapacitados y con una plantilla de profesionales que superan los 55 años de edad, con limitaciones laborales derivadas de una ineficaz protección de su salud laboral.

Desde las transferencias de los servicios sociales a la Comunidad Autónoma se está asistiendo al deterioro de un servicio pública esencial. Los acuerdos de descentralización entre Estado y las comunidades autónomas obligan a un mantenimiento mínimo de calidad del servicio transferido, esto no ha ocurrido en la Región de Murcia ya que la política del IMAS ha sido deteriorar como argumento a la privatización.

Como consecuencia de los recortes a partir de 2010 en la Región de Murcia, más a más a partir de 2012 y sucesivos, ha llevado a una situación límite la viabilidad de centros ocupacionales, residencias de personas mayores y centros de día, recortando plantilla y limitando horarios. Estos recortes al contrario no parecen afectar a los centros concertados y privados.

Parece no existir voluntad política ni plan coherente alguno por parte de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social para fortalecer estos servicios sociales.

Por todo ello CCOO seguimos exigiendo que los contratos para reforzar la lucha contra el Covid-19 se transformen en puestos de trabajo permanentes en la Relación de Puestos de Trabajo, que sean cubiertos a través de la bolsa de trabajo correspondiente. Esto es lo mínimo necesario para que estos centros sean viables.