Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 72% de las entidades españolas afirma ofrecer alternativas a sus clientes cuando le solicitan plazos de pago más largos. Hace un año, este porcentaje se situaba en el 91%

El pasado lunes, 16 de mayo, la Comisión Europea presentó sus previsiones de crecimiento económico para España. Entre otros indicadores, desde el Ejecutivo Europeo calculaban que la inflación de este año duplicaría la de 2021, pasando del 3% al 6,3% de media en 2022. Este incremento, provocado por factores como la crisis de suministros, la inestabilidad económica a consecuencia del conflicto en Ucrania o los últimos coletazos de la pandemia, se reflejará tanto en el menor poder adquisitivo de las familias y las empresas como en una disminución de su capacidad de ahorro, lo que podría provocar, entre otras situaciones, un aumento de la morosidad.

Los impagos afectan a las empresas a todos los niveles. Sobre todo, en lo que respecta a la posibilidad de contratar nuevos empleados, cumplir con ciertos intereses y objetivos de negocio cruciales para la entidad o, simplemente, crecer como compañía. Una de las principales claves para prevenir la morosidad es gestionar correctamente los retrasos en los pagos de los clientes, evitando que se conviertan en una deuda permanente. Tal y como muestra el Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, el 72% de las empresas españolas han aceptado dar soluciones alternativas cuando una compañía cliente les ha solicitado plazos de pago más largos. Un porcentaje que se ha reducido en los últimos meses: hace un año, el 91% de las organizaciones accedía a acordar nuevas soluciones para facilitar el abono de facturas.

Con esta cifra, de los 29 países europeos analizados por la compañía líder en prevención y gestión de impagos, España se sitúa a la cola en el ranking de mercados más dispuestos a ofrecer alternativas frente a los posibles retrasos en los pagos, solo por encima de Países Bajos (69%) y Bélgica (69%), y seis puntos porcentuales por debajo de la media europea (78%). Más proclives a negociar nuevas condiciones se encuentran países vecinos como Alemania (76%), Italia (76%), Reino Unido (77%), Francia (80%) o Portugal (81%).

Entre las principales opciones que ofrecen a sus clientes cuando estos solicitan ampliar sus plazos de pago, las empresas españolas suelen apostar por dar condiciones de pago revisadas (33%). Otras opciones son ofrecer un descuento como alternativa (27%), aceptar las condiciones de pago de manera excepcional (15%) y acceder a una revisión de plazos, pero agregando un recargo (12%).

¿Qué pasará con la morosidad en los próximos meses?

Ante la situación de incertidumbre económica actual, los expertos de Intrum ofrecen algunas claves sobre cómo podría evolucionar el contexto empresarial y el riesgo de morosidad en lo que resta de 2022:

Crece el pesimismo entre las empresas. Según el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) publicado por el INE, correspondiente al segundo trimestre de 2022, el 30,6% de las empresas españolas son pesimistas sobre la marcha de su negocio. Comercio, Industria y Construcción serían los sectores que afirman tener peores expectativas respecto al funcionamiento de sus compañías en los próximos meses.

Los autónomos podrían enfrentarse a mayores dificultades financieras. La tendencia alcista de la inflación, unido a otros factores como el fin del periodo de carencia de los créditos ICO y el vencimiento de la moratoria de la Ley Concursal, podría afectar gravemente a los autónomos y compañías más pequeñas. Más aún si se tiene en cuenta que muchas de estas entidades o profesionales todavía no se han recuperado de la pandemia. De hecho, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA autónomos, el 66,5% de estos trabajadores por cuenta propia afirma estar aún lejos de la recuperación de su actividad, tres de cada diez no descartan tener que cerrar su negocio e, incluso, el 6,6% ve su situación tan mala que afirma que tendrá que cerrar.

La pérdida de poder adquisitivo de las empresas podría derivar en un incremento de los impagos. La situación financiera de las empresas podría afectar a su capacidad de pago a proveedores y entidades bancarias, lo que se traduciría en un futuro aumento de la morosidad. De hecho, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 63% de las compañías españolas está más preocupada que nunca por la capacidad de pago de sus deudores, y el 65% cree que el riesgo financiero de estos clientes con cuentas pendientes crecerá en los próximos meses.

España, por delante de Europa en morosidad bancaria. En uno de los últimos informes trimestrales publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), se afirma que la tasa de morosidad bancaria en España continúa siendo una de las más altas de Europa, siendo el tercer país con mayor ratio de activos dudosos (4,5%), por detrás de Francia e Italia, y por delante de la media europea (2,9%). De hecho, tal y como muestra el último Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco de España, la banca española tiene 94.000 millones de euros de créditos en vigilancia especial, considerándose en esta condición aquellos que presentan dificultades de pago y que todavía no son morosos, pero que pueden acabar siéndolo. Una situación que, debido a la inestabilidad económica actual, podría agravarse en los últimos meses del año.