El servicio está ya disponible en la red de 2.370 oficinas de Correos de España, después de que el piloto haya sido probado con éxito en oficinas de ambas comunidades

Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y Andalucía ya pueden pagar el Impuesto de Transmisión Patrimonial de vehículos usados en toda la red de 2.370 oficinas de Correos en España.

Gracias a los acuerdos firmados entre Correos y las Agencias Tributarias de Cataluña y Andalucía, este servicio está ya disponible en toda la red, después de haber sido probado con éxito en un proyecto piloto desarrollado en una selección de oficinas de ambas Comunidades Autónomas.

En el caso de Andalucía, además, los contribuyentes también podrán acceder al servicio de solicitud y pago de los certificados emitidos por la autoridad tributaria (certificados de ingreso, deuda y patrimonio), así como otros tributos de la Agencia Tributaria autonómica.

El Impuesto de Transmisión Patrimonial de vehículos usados grava la compraventa de vehículos y es el comprador quien tiene la obligación de liquidarlo en la comunidad autónoma en la que resida en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la firma del contrato de compraventa. Solo con el justificante de este pago se podrá realizar después el obligatorio trámite de cambio de titularidad del vehículo en una sede de la DGT. Ahora se puede realizar el pago del ITP Vehículos en cualquier oficina de Correos, aportando el DNI, la ficha técnica del vehículo, el contrato de compraventa y el permiso de circulación.

Con la firma de estos acuerdos de colaboración con las Agencias Tributarias de Cataluña y Andalucía, Correos continúa desarrollando el potencial de sus oficinas como puntos de atención que acercan las Administraciones a la ciudadanía, facilitando el pago de las obligaciones tributarias en todo el territorio.

Correos continuará ofreciendo sus servicios a instituciones, administraciones y empresas para facilitar la vida de los ciudadanos e impulsar y desarrollar la actividad de su red de oficinas, un activo que garantiza el acceso al servicio público a toda la ciudadanía y contribuye a la cohesión territorial y al desarrollo económico de personas y empresas, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales de España.