LexLab aspira a convertirse en líder del emergente espacio que se creará, en materia de servicios jurídicos, en el fomento de la colaboración público-privada. La nueva empresa focalizará sus primeras actividades en el asesoramiento en las compras de innovación financiadas con fondos Next Generation EU
El shock económico provocado por la crisis sanitaria (COVID-19) ha puesto de manifiesto una serie de retos estructurales a los que se enfrenta el país y la sociedad. En este contexto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sitúa ante un momento único para transformar el modelo productivo de nuestro país. El volumen sin precedentes de fondos Next Generation EU es, sin duda, una gran oportunidad, pero también lleva asociado una serie de retos.
Aspectos como la asignación eficiente de fondos a proyectos realmente transformadores, la puesta en marcha de las reformas asociadas a dichas inversiones, y los nuevos formatos de colaboración público-privada previstos para la ejecución de Next Generation EU son algunos de los motivos que han impulsado a los fundadores a crear LexLab. Motivos que se suman a un profundo convencimiento: la necesidad de explorar nuevos caminos en los procesos de innovación liderados por el sector público.
En palabras de Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación y cofundadora de LexLab, “la nueva empresa surge para dar respuesta a los nuevos retos en materia de innovación pública, poniendo el Derecho Público al servicio de la formulación y puesta en práctica de políticas públicas e instrumentos de apoyo a la innovación”.
Javier Vázquez Matilla, que actuará como director general de LexLab, apunta que “la filosofía de trabajo de LexLab permitirá que el propio Derecho sea el garante para acompañar los procesos de colaboración público-privada de una forma eficiente, lícita y sin riesgos jurídicos”. Y añade que “en el ámbito legal también nos encontramos ante un momento único: Llevar a cabo una gestión económica estratégica y la necesidad de adaptar el Derecho como lo conocemos a una práctica eficaz para generar un cambio de modelo estructural es imprescindible para generar que la sociedad avance. Para ello será necesario seguir desarrollando nuevos modelos de colaboración público-privada como los GovTech Lab, los sandboxes regulatorios, los bancos de prueba o la experimentación en políticas públicas”.
Por su parte, Antonio López, consejero delegado de la consultora estratégica SILO, está convencido de que la compra pública de innovación será uno de los ejes de trabajo principales de LexLab. Afirma que “tras más de 150 proyectos en los últimos años, en SILO hemos desarrollado una posición de liderazgo y con LexLab pretendemos dar un salto cualitativo en este campo emergente”.
Tras años de colaboración en exclusiva, y ante un mercado creciente en el ámbito de la innovación y la colaboración público-privada, SILO y la firma legal dirigida por Javier Vázquez Matilla han decidido emprender juntos esta nueva colaboración. Javier Vázquez actuará como director general de LexLab teniendo a su cargo un equipo formado por profesionales de dilatada experiencia. Ambas firmas continuarán, al mismo tiempo, con su actividad independiente como hasta la fecha.
SILO
SILO es una consultora estratégica de innovación de 50 empleados especializada en colaboración público-privada cuyo propósito es transformar organizaciones desde la innovación y la colaboración, generando impacto social y económico. El equipo directivo cuenta con una experiencia público-privada única, habiendo trabajado en la formulación y puesta en marcha de políticas públicas de I+D+i a nivel europeo, nacional y regional.
Tras casi 10 años de actividad, SILO colabora con todos los niveles de la administración a nivel nacional (Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales) y con empresas líderes de sus sectores en gestión y financiación de la innovación, así como en proyectos de colaboración público-privada.
En la actualidad, la compañía lidera un amplio abanico de proyectos en el contexto del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos Next Generation EU. Mientras que en ámbitos como la CPI se han desarrollado más de 150 proyectos en los últimos años y el equipo fundador ha tenido la oportunidad de diseñar y poner en marcha la política de CPI a nivel estatal en su etapa al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Javier Vázquez Matilla
Javier Vázquez Matilla dirige la firma legal que lleva su nombre. Con una cartera de 267 entidades públicas y privadas, como clientes en los cinco últimos años, entre entidades públicas (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, y gobiernos extranjeros (Polonia, Alemania, Hungría, etc.) en contratación pública (acompañamiento en configuración de licitaciones, resolución de incidencias en todas las fases de la contratación). Asimismo, asesoran a toda clase de empresas contratistas (especialmente, a través de la preparación de recursos especiales o la confección de propuestas de valor).
Javier Vázquez es abogado, doctor en Derecho y académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Cuenta con más de 17 años de experiencia en contratación pública, además de ser especialista en compra pública de innovación, campo en el que cuenta con experiencia con diversos centros científicos y consorcios. Ha publicado 70 trabajos entre revistas científicas y libros, e impartido más de 300 conferencias sobre la materia. Ha sido miembro del Commission stakeholder expert group on public procurement de la Comisión Europea y profesor de la Universidad Pública de Navarra. También ha ejercido como vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, y es letrado del Ayuntamiento de Pamplona en excedencia.