"La actualidad generada por los terremotos de Granada debe ponernos en alerta y aprovechar la oportunidad que existe para mejorar el parque inmobiliario, incrementar la seguridad de los edificios y, de paso, su eficiencia energética aprovechando parte de los fondos Next Generation EU en colaboración con la iniciativa privada"

"Las administraciones públicas tienen que controlar y exigir la revisión de las estructuras de los edificios antiguos y el cumplimiento de las ITE (Inspecciones Técnicas de Edificios) tanto a las comunidades de vecinos como a las administraciones de fincas"

"En España son tres las autonomías que tienen un mayor riesgo sísmico: Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana (principalmente el sur de la provincia de Alicante). Las autoridades de estas zonas deberían poner especial atención en el estado de los inmuebles construidos entre los años 60 y 70"

La serie sísmica que Granada está sufriendo durante esta semana ha vuelto a elevar hasta los medios de comunicación el riesgo de terremotos que existe en determinadas zonas de España. La misma alerta surgió cuando el 23 de febrero de 2015 Ossa de Montiel (Albacete) registró un sismo con una magnitud en la escala Richter de 5,2° o cuando el 27 de diciembre de 2013 la isla de El Hierro sufrió un terremoto de 5,1 grados provocando desprendimientos en edificios y obligando a cortar carreteras. Y, por supuesto, no podemos olvidar el triste 11 de mayo de 2011, fecha en la que Lorca sufrió un terremoto de 5,1° Richter, murieron nueve personas, hubo 324 heridos y el 80% de las viviendas fueron dañadas.

Todos estos episodios contribuyeron en su momento a despertar conciencias de forma inmediata y al consecuente aumento del interés y de la preocupación por parte de los responsables políticos para hacer frente a los daños causados por los movimientos sísmicos. Sin embargo, las conciencias de quienes tienen responsabilidades pronto se quedaron dormidas y, aletargadas, impidieron tomar medidas efectivas a largo plazo para minimizar los riesgos y daños causados por los terremotos.

La reacción inmediata con los terremotos de Granada, al igual que en los sismos recordados al inicio de este artículo, ha sido la de revisar los edificios y asegurarse de que los sismos no han causado daños graves en ellos. Para ello han utilizado las denominadas fichas de inspección rápida de edificios. Cuando pase la urgencia del momento, como ya ha sucedido anteriormente, ¿volveremos a correr el riesgo de que las autoridades se olviden del asunto y pongan las medidas necesarias para asegurarse de que los edificios cumplen con las intervenciones, inspecciones y revisiones que son obligatorias y necesarias para garantizar el buen estado de sus estructuras?

En España son tres las autonomías que tienen un mayor riesgo sísmico: Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana (principalmente el sur de la provincia de Alicante). Las autoridades de estas zonas deberían poner especial atención en el estado de los inmuebles construidos entre los años 60 y 70. El paso del tiempo y la erosión provocan un deterioro del hormigón empleado en las estructuras, lo que puede representar un riesgo en caso de sufrir la acometida de un movimiento sísmico.

La estructura de un edificio es similar a un cuerpo humano. Las vigas y los pilares son los huesos. Los tabiques, cerramientos y fachadas hacen la función de los músculos. Y todo influye en el comportamiento de un edificio frente a un terremoto. Si las personas nos hacemos revisiones regulares para comprobar nuestro estado de salud y prevenir problemas, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestros edificios? Someter el edificio a una inspección a los 40 o 50 años y otra cada diez años como marca la normativa no parece descabellado.

No es ninguna broma lo que estamos diciendo. Un informe del grupo de investigación de Simulación, Modelización y Ensayo de Estructuras de la Universidad de Alicante (UA) advierte de que cerca de la mitad de los edificios con más de 50 años de antigüedad construidos en la primera línea del mar de la provincia de Alicante, así como los levantados en los años 60 y 70 del siglo XX, están en riesgo de sufrir daños en caso de recibir el impacto de un terremoto de magnitud 6 en la escala Ritcher. Una estadística que puede ser ampliable, en mayor o menor medida, al resto de provincias de España con riesgo sísmico.

Son muchas las ocasiones en las que los técnicos nos hemos pronunciado sobre la obligación de revisar estos edificios, muchos de ellos construidos cuando no había norma sismorresistente. No está demás que volvamos a levantar la voz e incidamos en la necesidad de revisar el parque antiguo de edificios de España.

Las administraciones públicas deben cambiar su actitud en este punto, apostar por la revisión de las estructuras de los edificios antiguos y exigir el cumplimiento de las ITE (Inspecciones Técnicas de Edificios) a comunidades de vecinos y administraciones de fincas. En la última década poco hemos avanzado en este campo y, según diferentes informes, más de la mitad de los edificios con más de 50 años con la obligación de pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) no lo ha hecho. Estos edificios no se van a caer, pero necesitan someterse a una revisión técnica.

La actualidad generada por los terremotos de Granada debe ponernos en alerta y aprovechar esta nueva oportunidad que existe de mejorar el parque inmobiliario, mejorar la seguridad de los edificios y su eficiencia energética. España puede aprovechar una parte del fondo Next Generation EU en colaboración con la iniciativa privada para impulsar unos trabajos que contemplen, además de la rehabilitación energética, la rehabilitación estructural.

Postdata: Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto Geográfico Nacional publicaron en octubre de 2015 la actualización de los mapas de peligrosidad sísmica en España, una renovación que debe servir de base para la revisión y renovación del código sísmico español. Más de cinco años después no tenemos noticias sobre una actualización de la norma NSCE-02 aprobada por Real Decreto el 27 de septiembre de 2002 y de obligado cumplimiento desde la misma fecha de 2004. Muchos conocimientos nuevos, mucha tecnología y muchas soluciones no contempladas en la actualidad y que, sin ninguna duda, ayudarían a minimizar los riesgos ante futuros movimientos sísmicos.