El desempleo de larga duración puede tener graves consecuencias, tanto para los desempleados como para el crecimiento y las finanzas públicas. Aun así, según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, las medidas adoptadas para combatirlo no están suficientemente orientadas. Desde 2014, la UE ha financiado a través del Fondo Social Europeo (FSE) diversas medidas para promover el acceso al empleo. No obstante, las medidas del FSE no siempre han estado adaptadas a las necesidades específicas de los desempleados de larga duración. Los auditores recomiendan que la Comisión Europea insista en que los Estados miembros apliquen un enfoque individualizado para ayudar a los desempleados de larga duración a través del nuevo FSE+, que abarcará el período 2021-2027. Además, recomiendan que la Comisión evalúe la eficacia de las medidas de «acceso al empleo» dirigidas a dichos desempleados de larga duración.
«El desempleo de larga duración afecta a nuestro tejido social. La población desempleada corre un mayor riesgo de pobreza, exclusión social e incluso problemas de salud», señala Lazaros S. Lazarou, Miembro del Tribunal responsable del informe. «Hemos constatado que, hasta la fecha, muchos demandantes de empleo de larga duración se han beneficiado de las medidas financiadas por la UE, si bien estas no se habían concebido específicamente para ellos. La pandemia de COVID-19 puede exacerbar el problema del desempleo de larga duración. En nuestra opinión, convendría aplicar un enfoque individualizado para todos los desempleados de larga duración en el marco de las políticas activas del mercado de trabajo a nivel nacional».
Las personas que más tiempo permanecen sin empleo son las que afrontan mayores problemas para encontrarlo, pues su motivación, su confianza y sus capacidades se van mermando. Según los últimos datos anuales disponibles, en 2020, el 35 % de los 15 millones de demandantes de empleo de la UE (5,3 millones de personas) llevaba al menos 12 meses en situación de desempleo. Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 podrían agravar la situación.
En la UE, los Estados miembros son responsables de las políticas del mercado de trabajo. El FSE es el principal instrumento financiero de la UE de apoyo a las medidas activas del mercado de trabajo de los Estados miembros. Durante el período 2014-2020, se asignaron alrededor de 11 400 millones de euros al «acceso al empleo». Los auditores constataron que, en dicho período, las medidas de «acceso al empleo» del FSE habían financiado diferentes intervenciones que beneficiaron a muchos demandantes de empleo de larga duración. Sin embargo, este grupo de población no era el objetivo específico de las intervenciones, sino que formaba parte de un grupo más amplio que incluía a todos los desempleados o grupos «desfavorecidos». Además, las medidas del FSE no reflejaban necesariamente la magnitud del problema en algunos Estados miembros.
Los auditores también observaron que, aunque algunos servicios públicos de empleo aplicaban el enfoque individualizado para los desempleados de larga duración en el marco de sus políticas activas del mercado de trabajo a nivel nacional, no existía un vínculo claro entre el apoyo del FSE en materia de «acceso al empleo» y las acciones que abordaban las necesidades específicas de los desempleados de larga duración. Además, a los auditores les resultó difícil hacer un seguimiento de los logros del FSE para esta categoría de desempleados. Esto se debió en parte a deficiencias en el marco de seguimiento y evaluación del Fondo: la ausencia de una categoría específica de gastos para los diferentes grupos destinatarios (como los desempleados de larga duración) dificulta no solo la identificación de la cuantía de la financiación de la UE asignada a esas medidas, sino también la evaluación de los resultados y de su impacto en el grupo destinatario.
Las normas del nuevo instrumento FSE+ para el período 2021-2027 introducen una serie de avances, como disposiciones para elaborar perfiles de los demandantes de empleo y evaluar sus necesidades. No obstante, los auditores piden a la Comisión que insista en que los Estados miembros, en la ejecución de las nuevas medidas del FSE+, apliquen un enfoque dirigido específicamente a los desempleados de larga duración y a sus necesidades cuando el problema sea especialmente grave, ya que existen grandes disparidades a nivel nacional y regional. Asimismo, los auditores recomiendan que la Comisión evalúe la eficacia de las medidas de «acceso al empleo» dirigidas a los desempleados de larga duración.