El aumento del empleo informal, sin control de medidas sanitarias, les deja también más expuestos al virus.
Desde el inicio de la pandemia se ha duplicado el número de personas refugiadas que solicitan participar en nuestros programas de apoyo para poner en marcha un emprendimiento como alternativa al empleo por cuenta ajena, pero todavía existen trabas bancarias para que accedan a la financiación necesaria.
Procesos de regularización y renovación de permisos de trabajo ralentizados o paralizados, brecha digital mucho mayor, decrecimiento de sectores especialmente abiertos al empleo de migrantes como la hostelería o el turismo… “Encontrar un empleo no es tarea fácil para nadie en estos momentos, pero si encima le sumamos la crisis de la COVID-19 y tener una lengua diferente, estudios no homologados y grandes dificultades con los permisos de trabajo, entre otras cosas, hace que encontrar un empleo sea una tarea muy tediosa”, explica Ana Pozuelo, coordinadora del programa de empleo para migrantes MILE (Integración de Migrantes en el Mercado Laboral en Europa, por sus siglas en inglés) en Acción contra el Hambre.
Las personas migrantes están, además, más expuestas al contagio: “el trabajo informal en este colectivo ha crecido y las consecuencias directas son que, al trabajar en empleos precarios y donde apenas se respetan las normas sanitarias, son los más expuestos al virus”, añade Pozuelo.
La regularización o renovación de permisos de trabajo se ha visto bloqueado y/o aplazado lo que ha causado una gran preocupación y estrés al ver posible la pérdida de sus ingresos. “Esto se traduce en que no disponen los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas como la alimentación y la vivienda”, detallan desde Acción contra el Hambre.
La brecha digital aísla todavía más a las personas migrantes
El equipo de Acción contra el Hambre ha constatado que la transformación digital a la que se ha visto obligada a adoptar por la COVID-19 ha hecho que muchas de las personas participantes abandonaran los programa de empleo de la organización por no tener acceso a internet u ordenadores. “En aquellas personas que se estaban formando o participando en nuestros programas de inserción sociolaboral, la COVID-19 ha hecho que la brecha digital sea aún más evidente y se amplíe aislándoles del mercado laboral”, detalla la experta en empleo. Esto es especialmente acuciante para los migrantes porque sufren una brecha digital más alta que otros colectivos vulnerables: carecen de recursos para comprarse dispositivos de calidad, redes de apoyo y los mínimos ingresos que tienen se dirigen a cubrir sus necesidades básicas. Además, muchos de ellos solían utilizar los locutorios para conectarse pero con el estado de alarma no pudieron acceder a estos establecimientos.
Crece el interés por emprender entre las personas refugiadas
El contrapunto a esta situación lo ofrece el aumento del interés por el emprendimiento como un medio de vida alternativo al empleo por cuenta ajena, especialmente entre personas refugiadas con estudios. “En los programas de emprendimiento para migrantes de Acción contra el Hambre se ha duplicado, desde el confinamiento, el número de personas refugiadas, en especial aquellas procedentes de Venezuela y Colombia”, señala Ana Alarcón, responsable del Área de Emprendimiento en Acción contra el Hambre.
La mayoría de las personas refugiadas beneficiarias de Acción contra el Hambre cuentan con estudios superiores. De hecho, el 64% de ellos poseen una licenciatura o diplomatura en sus países de origen. “Al ver que aquí en España la burocracia y la homologación de sus títulos es un camino casi imposible, muchos de ellos deciden emprender”, comenta Alarcón.
El gran problema de los refugiados y migrantes regulares a la hora de emprender es que dependen de sus tarjetas rojas para acceder a los microcréditos. “Los bancos temen aprobar un microcrédito a las personas refugiadas porque, en ocasiones, tienen permisos de seis meses renovables. Es una situación complicada que dificulta el paso definitivo para emprender”, añade Alarcón.