La semana que viene se cumplirá un mes desde que el Gobierno de España decretara el Estado de Alarma en todo el territorio nacional. Según las últimas decisiones adoptadas, aún faltarán prácticamente otras dos semanas más en dicho estado. Si antes se reanudase, como se anuncia, parte de la actividad no esencial, a día de hoy no sabemos cuántas empresas podrían hacerlo realmente.

Tiempo habrá de depurar responsabilidades, por quien corresponda, a la vista de cómo se ha ido gestionando la crisis, ya que se han producido situaciones, algunas aún sin resolver, que están dando una imagen bastante lamentable de nuestro país. Por quedarnos con dos datos: España es la nación con más sanitarios infectados por el virus, señal evidente de un deficiente reparto de material preventivo y de poca capacidad de anticipación cuando las señales de alarma ya eran evidentes. Y el otro: cuando ya se hablaba de una presencia real del virus en España, se autorizaron las manifestaciones del 8 de marzo, un mitin político y distintos eventos deportivos que, por las razones que fueran, no se cancelaron.

La realidad es que España es, a fecha de hoy, el segundo país del mundo en número de infectados y de fallecidos por culpa del COVID-19 y aún no tenemos claro dónde está el fin.

Si la respuesta sanitaria se hubiera dado en tiempo y forma, según aseveran los expertos, el coste de la actividad económica y empresarial habría sido muy inferior al que tendremos que afrontar ahora. La deuda que se avecina es difícil de calcular y las cifras de paro tenemos reciente el dato de marzo- serán históricas. Desgraciadamente, y muy a nuestro pesar, porque el empresario no quiere destruir empleo.

No se puede decir más "cuando vuelva la normalidad" porque ya nada va a volver a ser normal. En el ámbito socioeconómico y laboral, podemos minimizar el impacto siempre y cuando se asuman de una vez por todas las demandas empresariales, que no se plantean de manera arbitraria ni por capricho. Buscan evitar la ruina de los empresarios, en especial de pymes y autónomos, para que no se destruya más empleo y, como consecuencia, se ponga en jaque el bienestar de miles de familias. La vuelta a la actividad se hace por tanto necesaria lo antes posible.

Si no se suspenden los impuestos, todos, y no se paga el dinero que se adeuda a las empresas proveedoras, no hay margen para los empresarios, directamente muchas de ellas cesarán su actividad. Y si la línea de avales anunciada por el Gobierno, a la que los empresarios se están acogiendo a miles, no se amplía no a 50.000 sino a 100.000 millones de euros ya mismo y no se puede tramitar de manera sencilla, ágil y directa, no servirá de nada.

Empresarios a los que el Gobierno central está tratando con desconsideración e ignorando en la toma de decisiones clave en estos momentos. Y lo que es peor, da la sensación de que el Ejecutivo, en especial su Ministerio de Trabajo, desconoce qué es una empresa privada y cuáles son sus necesidades para seguir siendo el auténtico motor de la sociedad.

En el mismo sentido están obligadas a actuar las demás Administraciones, que tienen similar responsabilidad. El gobierno regional, al igual que el nacional, debe abrazar al conjunto de fuerzas políticas y agentes económicos y sociales para que haya una sola voz. No es el momento de postureos porque no disponemos de más tiempo. Hay que tomar decisiones de gran calado y que supongan un giro radical a la actual inercia. Y para ello es fundamental que todas las Administraciones, también las locales, actúen en estrecha coordinación con los empresarios. .

En tiempos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias, pero teniendo claro qué es lo que hay que proteger por encima de ideologías y sectarismos que en nada ayudan a las soluciones que, como las que plantean los empresarios, solo buscan el interés general.

Está en juego el sistema que ha traído prosperidad y desarrollo y que ha tenido en el sector privado a su gran protagonista. Si nuestros gobernantes quieren aprovechar esta crisis sanitaria mundial para, con desinformación, improvisación y un desaguisado normativo, adulterar el ecosistema económico y empresarial de este país, van a tener a las empresas y a sus organizaciones de frente.