El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia ha criticado el retraso causado por el "retraso reiterado" de la publicación de la orden PJC/297/2026 de 30 de marzo de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la norma el pasado 31 de marzo de 2026 entrando en vigor al día siguiente, primero de abril, pero con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

El decano del Colegio de Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, en rueda de prensa celebrada este lunes, ha explicado que "son ya cuatro años de improvisación" en la que los despechos y gestorías se enfrentan a "miles de nóminas que tienen que rehacerse a contrarreloj, con el consiguiente perjuicio para despachos empresas, pymes, trabajadores y autónomos".

Como dato, ha comentado que estarían afectadas las nóminas de la práctica totalidad de los aproximadamente 22 millones de trabajadores del país. Solo en la Región de Murcia 130.000 personas cobran el Salario Mínimo Profesional (SMI), incluido en esta norma, pero también gran parte del resto de trabajadores.

Por ello, la estimación es que se tendrán que rehacer las nóminas de unos 300.000 trabajadores, además de los autónomos. Una "cantidad ingente" de actividad a la que se enfrentan los despachos y oficinas gestionados por graduados sociales en la Región, para lo que tienen de plazo únicamente este mes de abril.

"Un despacho puede llevar de media unos 2.000 trabajadores, por lo que imaginaos el trabajo", ha apuntado Hernández Quereda, para quien la "congestión" va a ser "muy importante", lo que conllevará a contratar personal extra o a aumentar las horas para cumplir el plazo.

El coste de este sobreesfuerzo recae directamente sobre los graduados sociales, ya que normalmente las pequeñas empresas que recurren a sus despachos profesionales y asesorías abonan una cuota mensual fija, por lo que no se les puede cargar este gasto extra.

Por ello, ha reprochado a la Administración central que lleve "desde 2022 repitiendo el mismo patrón de improvisación". "No estamos ante un error puntual, sino ante un fallo estructural de planificación política y normativa" que debe solucionarse, ha aseverado.

Las consecuencias se resumen en tres tipos de daños: el económico (coste de rehacer el trabajo realizado), el profesional (cargar con urgencias y errores no provocadas por los graduados sociales), y el institucional (deterioro de la confianza en la Administración de la Seguridad Social por falta de dirección política, coordinación y previsión normativa).

"Estamos ante un problema muy serio de seguridad jurídica, de credibilidad institucional y de respeto a quienes sostienen el sistema", ha concluido.