La tramitación parlamentaria del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es una urgencia económica, sobre todo después del impacto de la pandemia de la COVID-19, que supondrá un previsible desplome de los ingresos tributarios, según recuerda la ONG Oxfam Intermón.
"Durante años las grandes plataformas digitales y globalizadas han logrado prácticamente no pagar nada gracias a los resquicios de un sistema fiscal internacional obsoleto y desfasado", explica Íñigo Macías, coordinador de investigaciones y experto en fiscalidad de Oxfam Intermón. "Operar aquí, pero declarando los beneficios en territorios de baja o nula tributación, es un juego de ingeniería fiscal que se había convertido prácticamente en norma en el sector".
Oxfam Intermón recuerda que durante años esto ha supuesto una pérdida importantísima de ingresos para nuestro país y un agravio comparativo con el resto de empresas, incluyendo las pequeñas y medianas, así como los autónomos, cuyo aporte a las arcas públicas resulta vital para la provisión de servicios públicos que se han mostrado esenciales durante la pandemia.
"La actividad digital se ha multiplicado exponencialmente durante el confinamiento", continúa Macías, "y sus perspectivas de crecimiento, ante la nueva realidad, son muy importantes. No tiene ningún sentido dejar que estas grandes plataformas globalizadas sean las grandes vencedoras de este contexto, frente a la casi paralización de muchos sectores de actividad.Es lógico adoptar medidas que compensen esta injusticia por la que prácticamente, apenas contribuyen a la recuperación del conjunto del país".
Con la aprobación de este impuesto,España seguiría la senda de otros países de su entorno, como Francia o Reino Unido, que han anunciado que van a activar su recaudación este mismo ejercicio sin esperar a un consenso global. Otros países como India, subraya Oxfam Intermón, incluso han ampliado su cobertura y diseño en el paquete de reformas tributarias frente a la emergencia del Covid-19.
Sin embargo, la propuesta ahora mismo en discusión en España debe ser más ambiciosa, a juicio de la organización, y considerar la transmisión de datos, la publicidad en línea y los servicios de intermediación en línea, y extenderlo a otros servicios como los contenidos digitales, las transacciones digitales dentro del mismo grupo o la consideración de determinados servicios financieros. "Pedimos a los distintos grupos del Congreso que aprueben un impuesto a los servicios digitales lo más ambicioso posible", dice Íñigo Macías.
"Este es un primer paso", concluye, "mientras se logra reformar el sistema fiscal internacional. El gobierno español no debe restar esfuerzos para avanzar hacia un modelo consensuado, más justo y adaptado a la realidad de los modelos empresariales del siglo XXI".