La profesión del traductor es una de las más afectadas por el intrusismo y la precariedad laborales, especialmente en periodos de recesión económica como el que estamos viviendo actualmente, donde proliferan los «traductores» y aumenta la posibilidad de fraude
Desde el año 2013 hasta la actualidad, los delitos de falsedades y usurpación de estado civil han aumentado en nuestro país en un 29,76 % y un 93 %, respectivamente. Unas cifras que son especialmente alarmantes en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Si detenemos la mirada en el sector de la traducción jurada, puede parecer que, al ser un gremio cuya actividad está regulada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, está exento de estafas y timos. Pero nada más lejos de la realidad.
Para facilitar información al ciudadano, la Oficina de Interpretación de Lenguas elabora y publica periódicamente un listado de todos los traductores e intérpretes jurados que han sido nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, donde figuran sus datos de contacto, el idioma o los idiomas para cuya traducción e interpretación han sido habilitados y su número de Traductor-Intérprete Jurado. Sin embargo, hay quien utiliza estos datos para cometer delitos de falsificación de documentos privados, usurpación de estado civil e intrusismo laboral, los cuales se engloban dentro del denominado «delito de falsedades».
El elemento objetivo de estos delitos es la mutación de la verdad por medio de conductas como la suposición en un acto de la intervención de personas que no la han tenido (personas físicas o jurídicas, reales o ficticias, o incluso personas fallecidas), el uso de certificaciones auténticas por quien no está legitimado para ello o el ejercicio de actos propios de una profesión sin poseer título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio.. Este es el caso, por ejemplo, de una mujer detenida por traducir partidas de nacimiento y certificados de matrimonio de búlgaro a español y firmar y sellar las traducciones con los datos de filiación de una traductora jurada, sin el conocimiento ni la autorización de esta.
Según Between Traducciones, empresa especializada en traducción jurada, los documentos de Registro Civil, como los certificados de antecedentes penales, los certificados de delitos de naturaleza sexual, los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción o los certificados de fe de vida y estado, son los más susceptibles de ser objeto de estos delitos, ya que no requieren de amplios conocimientos jurídicos como otros de naturaleza más especializada.
En Barcelona también se ha desmantelado una red que contaba con ramificaciones en otras grandes ciudades españolas y se dedicaba a realizar traducciones de documentos civiles del Reino de Marruecos para después estampar en ellas el sello y la firma de un traductor acreditado. La diferencia, en este caso, es que esta persona era el dueño de la «oficina» y permitía que personas que no tenían la formación ni la habilitación necesaria realizaran traducciones de carácter oficial con su sello y firma. La Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña pidió la inhabilitación del traductor jurado implicado, alegando que la función de los traductores oficiales es personal e intransferible y que las traducciones «hay que firmarlas de propia mano».
Algunas empresas del sector han denunciado que hay agencias de traducción que también llevan a cabo esta práctica. Se dedican a contactar con traductores jurados freelance para que les proporcionen papel sellado y firmado a cambio de una remuneración. De este modo, las traducciones las realizan sus traductores en plantilla, o incluso traductores en prácticas, y el coste es inferior a los honorarios del traductor jurado. Este hecho es doblemente grave. Por un lado, las traducciones las hace una persona que no posee la cualificación exigida y, por otro lado, el traductor habilitado que accede a «alquilar» su sello está permitiendo que su sello y firma se utilicen en traducciones de las que no tiene conocimiento, poniéndose en riesgo por las responsabilidades que una traducción jurada puede acarrear, incluso de tipo penal.
Las agencias de traducción jurada subrayan también la necesidad de que los órganos competentes modernicen la legislación. El colectivo de traductores e intérpretes jurados viene demandando desde hace tiempo que se introduzcan elementos que permitan minimizar las posibilidades de falsificación, como por ejemplo, el uso obligatorio de un sello de seguridad o papel timbrado exclusivo, la incorporación de la firma electrónica a las traducciones juradas o el mantenimiento de un registro de traducciones juradas oficiales. Es necesario establecer medidas y crear mecanismos que protejan a los ciudadanos frente a los falsos profesionales.