La I Jornada sobre el Estatuto del Artista Plástico y Visual concluye con el compromiso de continuar trabajando para asegurar el mejor futuro para los artistas plásticos y visuales en nuestro país
Este lunes 30 de noviembre tuvo lugar la I Jornada sobre el Estatuto del Artista organizada por la Unión de Artistas Contemporáneos de España, retransmitida en directo a través de varias plataformas ZOOM, YouTube y Facebook y con un notable seguimiento ""una media constante superior a los 100 espectadores, a los que se sumaron muchos más en diferido"", contó con la participación de catorce ponentes especializados en sus respectivas áreas, que abordaron a lo largo de la mañana los principales problemas y sus respectivas propuestas de actuación en lo tocante a fiscalidad y tributación; seguridad social y contexto laboral; contratación pública y relación con las administraciones y derechos de autor y propiedad intelectual.
Consuelo Vallina, artista visual y presidenta de AAVA y de la UNIÃ"N AC desde 2018, inauguró la jornada dando paso a la introducción a cargo del artista, comisario, docente, ex-presidente de la UNIÃ"N AC y representante de los artistas visuales en la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista en 2018 Isidro López-Aparicio, quien nos brindó condensada la historia del asociacionismo en las artes plásticas y nos invitó a entender el sistema del arte como ecosistema ""ámbitos ambos en los que le avalan años de investigación y praxis"".
El punto de partida fundamental de este proyecto, planteó López-Aparicio, requiere una reconstrucción de los tópicos alrededor de la figura del artista sobre los cuales se han edificado hasta ahora las políticas culturales, y la comunicación convincente de la idea de que el artista quiere pagar impuestos, quiere contribuir al Estado de Bienestar. Hay que pensar el estatuto del artista desde la realidad del artista. Y esa realidad hoy en España es la de quien necesita compatibilizar distintos trabajos, conciliar distintas actividades. La consideración de los ingresos intermitentes y fluctuantes y del tiempo de investigación y creación como período laboral activo son también viejas demandas características de esa especificidad.
En la mesa de Fiscalidad y tributación, Rafael Peñalver, artista visual, poeta y ensayista, miembro de AVAM ""e inspector tributario durante 36 años"" señaló la necesidad de renovar el marco jurídico específico para la creación artística en lo que atañe a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Siguen existiendo viejas demandas no atendidas en este ámbito, como el del IVA. Será imposible que el Estatuto del Artista refleje nuestras verdaderas necesidades y obligaciones si no ofrecemos ese nuevo marco jurídico. Belén Ãlvarez, asociada senior del despacho de Gabeiras & Asociados y experta en Derecho de Propiedad Intelectual y asesoramiento jurídico en los sectores audiovisual, musical y de la creación visual, subrayó la necesidad de seguir trabajando para introducir esa realidad del artista en futuras normativas no como un privilegio sino como el reconocimiento legal y fiscal de esa especificidad. Valorar el tiempo de investigación y creación o el problema del IVA serían algunas piedras de toque de esa especificidad, pero disponemos además de otras diversas herramientas propuestas en el Informe de la Subcomisión del Estatuto del Artista, como exenciones o reducciones fiscales ya contempladas en otros ámbitos. Mónica Sotos, artista, curadora y gestora cultural, y directora desde el 2000 del área de artes visuales en el Instituto Cultural de México en España, ha ampliado por último nuestra perspectiva internacional al acercarnos al marco jurídico y fiscal mexicano.
Javier Artero, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga e integrante de la UAVA, abrió la sección consagrada al contexto laboral y seguridad social del artista visual sumándose a las reivindicaciones propuestas por la ATA (Asociación del Trabajador Autónomo) o CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos) por un modelo en el que la cotización del trabajador se adecúe a los ingresos del mismo. Ya que las ventas de obra artística suceden de manera discontinua y esporádica, el desajuste entre la cotización y los ingresos del trabajador es especialmente acusada entre los y las artistas, muy particularmente entre los jóvenes con menos ingresos, que al no poder hacer frente a unas cuotas mensuales desproporcionadas ven en la economía sumergida la única forma de venta posible. Rocío Mena, abogada especialista en Derecho de la Cultura de Gabeiras & Asociados, con experiencia en diversos sectores culturales, señaló la necesidad de modificar el sistema de altas y bajas de los artistas visuales, para cuya realidad se demanda un sistema de regulación ex post, que podría beneficiar por cierto a trabajadores autónomos de otros ámbitos. La falta de conocimiento o previsión de los ingresos que vamos a percibir impiden que muchos artistas se den de alta, y se estimula así la economía sumergida, y tampoco existe un mínimo por debajo del cual el artista esté exento del alta y cotización. Y, de nuevo, los períodos de inactividad deberían estar regulados de acuerdo a esta especificidad, quizá bajo un tipo reducido. Apeló también a la necesidad de atender esta especificidad desde la conjunción de esfuerzos y estrategias con otras categorías de autónomos cuya problemática pueda ser común, y cuya convergencia sería necesaria para ser más escuchados. Por último Alicia Framis, artista visual residente en Holanda, compartió algunas pinceladas del marco jurídico y administrativo neerlandés.
En el apartado de contratación pública y relación con las administraciones, Montserrat Moliner, artista, gestora cultural, presidenta de la PAAC y ex-presidenta de la Fundación AAVC sintetizó las principales demandas y destacó la importancia de los avances en materia de alquileres destinados a actividades artísticas, así como en la Renta Básica Universal. Rocío Mena mostró su preocupación por la ""en ocasiones"" total discrecionalidad por parte de la administración en lo que se refiere a las cesiones de derechos de propiedad intelectual y subrayó su deber de respetarlos, como parte de su obligación de fomentar no solo la actividad artística sino el acceso a la misma. Martí Manen, director de Index Foundation de Estocolmo y miembro del grupo de trabajo en el Swedish Arts Grant Committee del gobierno sueco, subrayó la importancia de dos conceptos muy presentes en ese modelo alternativo: responsabilidad común y confianza. Responsabilidad gubernamental e institucional, pero también confianza en el trabajo de los artistas. En este modelo de contratación pública los honorarios de los artistas están regulados y en el papel desde el principio. Cuando recibes cualquier ayuda o beca creativa no se te exige una constante justificación económica: si el Estado te ha becado es porque confía en tu trabajo; también, al tiempo, hace menos burocrática y más barata la máquina estatal. Así se traduce el concepto de confianza en el sector cultural sueco.
El arquitecto y artista visual fundador de la asociación intercultural Med-Occ miembro de AVAM Diego Moya inauguró el último bloque de la jornada, consagrado a derechos de autor y propiedad intelectual. En este ámbito se hace preciso abordar las nuevas formas en que Internet y las nuevas tecnologías inciden en la gestión de derechos, así como exigir la actuación de la administración para evitar que sean siempre y solo los artistas y actores culturales, individualmente, quienes libren esa pelea. Alberto González Pulido, consultor de propiedad intelectual, asesor de derecho mercantil y especialista en derecho de la cultura y libertad de expresión y miembro de la Junta directiva de AICAV, resaltó entre otras cuestiones cómo la Carta de Derechos Digitales contribuiría a la profesionalización de la actividad del artista; y a proteger derechos de propiedad intelectual, particularmente en tiempos de la COVID. A pesar de haber sido recientemente reformada, La Ley de Propiedad Intelectual no incorpora elementos que serían hoy esenciales, desde la propia definición de lo que es una obra de arte; y sigue sin enmendar las asimetrías en la remuneración por derecho de cita. Subraya además la necesidad de formar no solo a los artistas sino a todos los agentes culturales en materia de derechos de propiedad intelectual. Belén Ãlvarez abordó también el problema de la obra pública en materia de derechos de autor: en ocasiones la administración no respeta el derecho moral que la propia ley reconoce al autor: el derecho a decidir dónde se ubica, o a que su cuidado y conservación, sobre todo en el caso de obra en la vía pública, queden garantizados por la administración. Los contratos de cesión tienen que especificar por escrito para qué ámbitos concretos de explotación se ceden esos derechos, y esta regla general de la ley no está adecuadamente trasladada a la contratación pública. Como corolario de las miradas a otros contextos nacionales Arantza Pardo realizó un exhaustivo resumen del marco referente a derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido, como ejemplo de un marco inserto en una tradición neoliberal donde la propiedad intelectual es inequívocamente reconocida y protegida; el artista considerado como cualquier otro trabajador y la obra de arte el objeto de una transacción económica como otras, con sus derechos y obligaciones correspondientes; marco que no va a verse significativamente afectado en 2021 por el Brexit.
La clausura de la jornada, tras la atención a las preguntas que hizo llegar un público participativo y agradecido, corrió a cargo de nuevo de Consuelo Vallina, que agradeció a los participantes sus intervenciones y recordó el compromiso de continuidad con el que, más allá de estas jornadas, se seguirá trabajando los próximos tres meses en la elaboración de un documento definitivo que reúna las conclusiones y propuestas concretas con las que dialogar con las administraciones.