La Ley de Memoria Democrática tiene, como fin esencial, preservar la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la dictadura franquista, reconociendo como derecho de las mismas el acceso a la verdad. La Ley se fundamenta en los valores democráticos que inspiran la Constitución y en el derecho internacional de los Derechos Humanos, que reconoce los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Como nos recuerda María Jesús Fernández Ortiz, portavoz de Podemos-Cieza, "Murcia es una de las pocas comunidades que no han promulgado su propia Ley de Memoria Democrática, complementaria de la estatal, y tampoco ha establecido procedimientos específicos para dar cumplimiento a la ley del Estado". Por ello, es de suma importancia que los ciudadanos exijan a las administraciones que asuman sus obligaciones legales en este campo, "y, sobre todo, en el ámbito competencial de los Ayuntamientos, pues muchas de las normas dispuestas por la Ley de Memoria despliegan su eficacia en este".
En Podemos-Cieza se han puesto manos a la obra, y, aprovechando la reciente controversia suscitada por la denominación del IES Diego Tortosa, "que fue un declarado personaje público franquista, por lo que ya solicitamos en su día que se instase el cambio de este nombre", se han dirigido de nuevo al Ayuntamiento para que actúe de oficio en cumplimiento de algunos de los preceptos de la ley. Al no existir ningún procedimiento formalizado lo han hecho "en virtud del derecho de petición que el artículo 29 de la Constitución consagra como derecho fundamental, por lo que el Ayuntamiento queda obligado a dar respuesta en el plazo de tres meses".
En concreto, tal y como nos relata la portavoz morada, "hemos pedido que se proceda de oficio, por parte del Ayuntamiento, a una revisión completa del callejero de Cieza y de las denominaciones de todos los centros públicos de la localidad, a fin de detectar aquellas referencias que pudiesen resultar ilegales por enaltecer la sublevación, la dictadura, la represión, o a personas vinculadas a estos lamentables hechos históricos, como sería el caso del clérigo Diego Tortosa". Si la eliminación de estos nombres es competencia municipal, "el Ayuntamiento quedaría obligado a su retirada inmediata", y, en otro caso, "a instar a la administración competente para que proceda lo antes posible a la misma.
Asimismo, en cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley de Memoria, Podemos-Cieza solicita, en su escrito de petición, "la revisión de oficio de todos los reconocimientos, honores y distinciones concedidos antes de su entrada en vigor", y, una vez identificados, "que se proceda a la retirada inmediata de los que fuesen contrarios a la memoria democrática".
Finalmente, en palabras de María Jesús Fernández, "nos parece necesario garantizar que toda retirada de nombres o de honores responda a criterios de rigor histórico y no a la discrecionalidad política", por lo que desde Podemos-Cieza proponen "la Constitución de un comité de expertos con la función de asesorar al Ayuntamiento en estos procedimientos de revisión, integrado por historiadores de reconocido prestigio".