El coordinador de IU-Verdes de Cieza, Antonio Penalva, recuerda que en 2012 la reforma laboral del PP redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, un "abaratamiento del despido" que este gobierno tiene que revertir para que los trabajadores tengan una "protección efectiva frente a los abusos".
IU-Verdes de Cieza califica de acertada la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de modificar la indemnización por despido improcedente, en la actualidad de 33 días por año trabajado, una cuestión que la reforma laboral pactada por el ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos con los agentes sociales no abordó, por lo que se cerró sin recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado vigente hasta la reforma del PP del 2012, que abarató el despido.
Antonio Penalva, coordinador de IU-Verdes de Cieza, considera que "la escasa diferencia" entre la indemnización por un despido legal, de 20 días por año trabajado, con la de un improcedente, de 33 días por año, es una "perversión del sistema" que "hace que no exista una protección efectiva frente a los abusos", ya que es "tan barato" que a algunos empresarios les "sale a cuenta".
El coordinador de IU-Verdes de Cieza ha recordado que la reforma laboral de 2012 aprobada por el Partido Popular supuso un gran perjuicio para los trabajadores. Uno de los aspectos más negativos, no recuperado aún, fue la sustitución de los 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, en concepto de indemnización por despido improcedente, por los 33 días con un tope de 24 mensualidades. Este límite se mantiene en la actualidad y coloca a España a la cola de Europa en este sentido. España es "de los pocos países" europeos en los que las indemnizaciones están "topadas", ha señalado Penalva.
Recientemente se han hecho públicas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establecen que las indemnizaciones por despido improcedente debían ser superiores a 33 días por año trabajado. A esto se suma, además, la demanda de UGT contra el Gobierno ante el Consejo de Europa por considerar que la legislación española en materia de despidos improcedentes incumple la Carta Social Europea, puesto que argumenta que la indemnización en estos casos -de 33 días con el límite de 24 mensualidades- es demasiado baja.
Otros países, como es el caso de Francia, ya se han visto obligados a recular en decisiones similares. En su momento, el Ejecutivo galo "copió" la fórmula de despido de Rajoy, pero rápidamente tuvo que rectificar la situación tras una resolución del Comité de Derechos Sociales y Económicos, que aseguraba que la legislación laboral del país vecino incumplía el artículo 24 de la Carta Social Europea.
El dirigente de IU-Verdes de Cieza ha concluido diciendo que "si los poderes públicos no aseguran indemnizaciones compensatorias y disuasorias en realidad lo que se estaría haciendo es subvencionar el despido pagando la factura toda la sociedad. En prestaciones, en salud mental, la precariedad de las empresas de baja calidad", ha argumentado.