El pasado jueves, el Congreso de los Diputados respaldaba la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como "Ley Trans", con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones. El camino para llegar a esta aprobación ha sido largo y tortuoso. El anteproyecto de la ley tardó un año en recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, y seis meses ha durado su tramitación parlamentaria, por las fuertes reticencias de parte de gobierno y de los diputados socialistas a ciertos aspectos de la norma. El texto pasó a ser tramitado en el Senado, donde no se esperaban modificaciones relevantes y hoy la ley ha sido aprobada definitivamente.
En palabras de María Jesús Fernández, de Podemos-Cieza, "nos ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí, pero la ley trans es ya una realidad que va a cambiar la vida de mucha gente en nuestro país, reconociendo y garantizando derechos básicos para colectivos tradicionalmente discriminados". Continúa esta portavoz afirmando que "esta ley, cuando entre próximamente en vigor, va a suponer un hito histórico en cuanto a las reivindicaciones de las personas LGTBI, a pesar de que nos han intentado hacer creer, reiteradamente, que este momento nunca llegaría".
El cambio más importante, como recuerda María Jesús, es que "la autodeterminación de género y el cambio correspondiente en el Registro Civil dejarán de estar sujetos a condiciones, desde el primer trimestre de 2023, un cambio largamente esperado por las personas trans". Aunque hace ya algunos años que la disforia de género dejó de ser considerada una enfermedad por la OMS, "la ley en vigor, promulgada en la etapa de Zapatero, exige como requisito para el cambio de sexo registral un diagnóstico médico de disforia de género y dos años de hormonación".
Requisitos que ahora se eliminan, "de modo que bastará con la expresión de voluntad en comparecencia personal, que habrá de repetirse a los tres meses para tener plenos efectos". La ley diseña un procedimiento de solicitud establecido en tres tramos de edad: libre, voluntaria y sin condiciones para los mayores de 16 años, con consentimiento de sus progenitores entre los 14 y 16 años y, además, con aval judicial para los que tengan entre 12 y 14.
La responsable de feminismo de Podemos-Cieza señala que "nos sumamos a la celebración de los colectivos LGTBI, presentes en la tribuna de invitados del Congreso, y de la mayor parte del feminismo, que ven en la nueva ley una conquista social y de derechos sin precedentes". Muy al contrario de los ataques que ha recibido el texto legal desde las posiciones cerriles de la derecha, "la norma no va contra nadie, solo trata de dotar de derechos". Hablar de excentricidades, de personas que registren un sexo u otro caprichosamente, de hombres que se hagan mujeres para vencer en una competición deportiva, "y otros disparates que hemos oído a lo largo de estos meses, vienen a tratar con imperdonable frivolidad un tema muy serio; debemos reclamar respeto para las personas transexuales".
Además de la autodeterminación del género, la nueva norma establece un amplio abanico de medidas de protección, como el fin del matrimonio obligado para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos e hijas, la prohibición de las terapias de conversión, protocolos para las personas trans e intersexuales en el ámbito de la salud, o la obligación de impulsar planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores.