El pasado miércoles, miembros de la plataforma asistieron a una reunión convocada por representantes del ayuntamiento de Cieza para tratar varios asuntos respecto a las macrogranjas. Durante la reunión, una representación de la plataforma se concentró en la entrada para mostrar públicamente su repulsa hacia estas instalaciones.

La plataforma Salvemos Nuestra Tierra-No a las macrogranjas se reunió con los concejales Antonio Moya, Francisco Saorín y Antonio Ignacio Martínez Real para recabar información sobre el estado administrativo de la modificación del plan general y dar traslado a una serie de peticiones elaborada por el colectivo de vecinos y vecinas de Cieza.

Inicialmente la plataforma manifestó el enfado y la inquietud de la ciudadanía por la demora incomprensible de la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) así como por la falta de coordinación entre los concejales y el alcalde en lo relacionado a declaraciones públicas en los medios y en reuniones mantenidas con vecinos ya que en los últimos dos meses, los mensajes desde la institución han sido contradictorios, provocando lógicamente cierta indignación y cabreo entre la población.

Los concejales reiteraron su compromiso político para impedir la instalación de estas macrogranjas recordando los pasos que han llevado a cabo desde que en 2018 se presentaran varias solicitudes de licencia. En este punto, la plataforma solicitó que el ayuntamiento, con carácter de urgencia, requiriera a la Comunidad Autónoma (CARM) más diligencia con la resolución de la modificación del PGOU. Asimismo lamentaron que "desde que en abril de 2019 se remitiera la propuesta de modificación del PGOU a la CARM, ni las Consejerías han resuelto en tiempo ni el ayuntamiento se ha interesado por el avance administrativo de la modificación, dando lugar entre unos y otros a que venciera el plazo de suspensión de las licencias y los promotores de éstas hayan reclamado su otorgamiento". El ayuntamiento adquirió el compromiso de requerimiento a la CARM así como también la convocatoria de un pleno extraordinario en cuanto tenga entrada la resolución.

En relación al texto de la modificación del PGOU, los representantes de la plataforma instaron a la realización de una simulación en planimetría del documento con el fin de conocer exactamente el grado de cobertura/protección que ofrece dicha modificación, petición que fue recogida por los concejales.

Por otro lado, la plataforma alertó el proyecto de macrogranja en la Cañada del Judío (t.m de Jumilla), en la denominada Finca La Solana, una explotación que prevé ocupar más de 400 hectáreas de superficie para el ciclo de producción y recría de lechones, con unos volúmenes de 8.000 reproductoras y 36.000 lechones. Y advirtieron sobre los demoledores impactos de estas instalaciones en Cieza debido a los drenajes naturales ya que "apenas a 2 kilómetros de la finca donde se ubicará la lechonera, aflora a la superficie la Rambla del Judío, conectada directamente con el río Segura, y que además está sobre el acuífero más importante de la cuenca del Segura, el denominado 'Masa de Agua Subterránea Sinclinal de Calasparra'.

En este punto, los concejales propusieron promover una reunión de los ayuntamientos de Cieza y Jumilla con representantes de las plataformas de ambas localidades para tratar la situación. Por parte del colectivo se instó a los representantes públicos al estudio de herramientas que el ayuntamiento pueda utilizar para alegar en contra de este proyecto y obstaculizar el desarrollo de éste, solicitando que "se elaboren informes técnicos en base a los valores ambientales Llanos de Picarcho, impactos sobre aguas superficiales y subterráneas, impactos sobre la actividad económica agrícola de la comarca y sobre potencial desarrollo/aprovechamiento turístico, etc…".

Finalmente, desde la plataforma se valoró positivamente el encuentro por los compromisos concretos adquiridos por parte del ayuntamiento de Cieza pero advierten "el tiempo juega en nuestra contra, luego no le vamos a quitar el ojo de encima ni a la CARM ni al ayuntamiento mientras la proliferación de estos proyectos perturbadores de ganadería intensiva sean una amenaza en nuestro territorio y en las comarcas vecinas".