La candidata de IU-Verdes/Ganar Cieza advierte que la privatización facilita un "pelotazo" cercano a los 1.200 millones de euros a los registradores mercantiles.

Si bien el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba el pasado viernes que elGobierno "va a paralizar" la transferencia de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, la candidata de Izquierda Unida/Ganar Cieza, Cristina García-Vaso, tras constatar que no se trata de "una marcha atrás" sino de un "congelación" del proyecto del PP por la proximidad de elecciones, ha denunciado mediante un comunicado de prensa la privatización, "el pelotazo y el colapso para los ciudadanos que supondrá la sustitución del registro civil por una ventanilla única y privada del registro mercantil".

Para García-Vaso, se trata de "un pelotazo de importantes dimensiones" que supone un "expolio" del Registro Civil, que hasta ahora estaba en manos de 4.000 funcionarios de Justicia y de los jueces de paz, que ofrecen un servicio "accesible y barato" por un coste de alrededor 500.000 euros anuales.

"Además -subraya- el servicio se colapsará puesto que, si el actual Registro Civil tiene miles puntos de atención al público en toda España, los registradores mercantiles sólo ofrecerán 120 ventanillas".

Según la candidata, a condición de hacerse cargo del Registro Civil, los registradores mercantiles cobrarán unos aranceles sobre gestiones que han de repetirse periódicamente y que verán multiplicado su precio por 500 y por 5.000. Todo ello sumado da la cifra de 1.200 millones de euros, sostiene, que se van a repartir esos 120 registradores mercantiles cuyas retribuciones ya multiplican por 20 o por 30 el salario del presidente del Gobierno.

El segundo negocio será para las empresas informáticas que tendrán acceso a los datos de millones de personas físicas y jurídicas y que podrían comercializar esos ficheros obteniendo ganancias de unos 100 millones de euros.

A juicio de la candidata de IU-Verdes/Ganar Cieza, este "escándalo" demuestra que la supresión de las tasas judiciales para particulares ha sido "flor de un día" y "un mero maquillaje", porque ahora los usuarios del Registro deberán pagar unas gestiones y unos precios que hasta ahora no abonaban.

"Y todo ello -ha recordado- cuando tanto el exministro Alberto Ruiz Gallardón como el actual titular, Rafael Catalá, habían prometido que la privatización del Registro Civil no iba a costar un euro.