Para IU-Verdes de Cieza, en palabras de sus representantes, "este proyecto de ley tiene como objetivo silenciar y acallar a la ciudadanía mediante el miedo y la coacción, lo que lamentablemente nos recuerda otras épocas no democráticas de la historia de España".
Illueca se pregunta "dónde queda la democracia cuando se limitan libertades y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española, como son los de asociación y reunión, con la única intención de disuadir a los ciudadanos de poder protestar libremente cuando no estemos de acuerdo con las acciones de gobierno".
Para este concejal, "esto es lo que se pretende con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, criminalizar la movilización social como una estrategia para evitar protestas por los recortes antisociales que el gobierno actual está llevando a cabo y que suponen un retroceso de décadas y desvirtuar el Estado social y democrático que proclama nuestra Constitución". En su opinión, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, si queda finalmente redactada en los términos previstos, "cuando una persona se plantee salir a la calle a protestar por el recorte de su pensión, por el copago sanitario, por la situación de los dependientes, por los recortes en sanidad o en educación o por otras muchas agresiones injustas a los derechos sociales que son el pan nuestro de cada día, pese más en su ánimo el temor a terminar siendo sancionado con una multa impagable que la justa indignación, y desista por ello de sumarse a la protesta".
Además, "según denuncia la plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, el texto definitivo de este Anteproyecto de Ley se ha saltado varios trámites de obligado cumplimiento y no ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal, como es preceptivo. Sitúa a la sociedad en una posición de indefensión e incrementa la autoridad de los agentes del orden público", ha precisado Illueca.
"Otro aspecto también incomprensible", continua en su análisis el concejal ecosocialista, "es que penaliza protestas pacíficas en 'el domicilio de una persona jurídica o privada' y la 'obstrucción a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales' como en los desahucios, por lo que no hay duda de que se trata de una ley hecha a la carta para criminalizar nuevas formas de movilización social que no gustan a los que gobiernan". Las sanciones de hasta 600.000 euros, "impuestas, por ejemplo, en relación con las concentraciones no autorizadas ante el Congreso de los Diputados, son absolutamente desproporcionadas y un despropósito completo".
En palabras de Illueca, "invocar a la seguridad para imponerle límites a la libertad ha sido una práctica habitual de los poderes públicos, que suele encubrir la intención de silenciar el derecho de la gente de poderle decir a estos poderes lo que, precisamente, no quieren escuchar; es obvio que la seguridad de las personas debe ser protegida y para ello todo Estado se dota de normas penales y administrativas, pero en una sociedad democrática no pueden emplearse esas vías frente a quienes, criticando la acción del Gobierno, están ejerciendo un derecho fundamental".