El portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha denunciado que el Gobierno de Noelia Arroyo ha aprobado, con prisas y de forma deliberadamente opaca, la continuidad del modelo de explotación del Auditorio El Batel, cerrando la posibilidad de que los cartageneros recuperen el control del edificio más caro que han pagado nunca.

La decisión se adoptó fuera del orden del día de la Junta de Gobierno local y ocultándola de la convocatoria, evitando cualquier debate público y confirmando una forma de actuar que define a la alcaldesa: esconder las decisiones relevantes para impedir su fiscalización. Todo ello en un contexto de incertidumbre política que evidencia la intención de dejar atados determinados intereses antes de que nada pueda cambiar.

El Batel, cuya construcción ha supuesto más de 63 millones de euros para los ciudadanos, continúa siendo un ejemplo de mala gestión: un edificio ineficiente, con deficiencias conocidas y sostenido por un modelo en el que el Ayuntamiento paga mientras una empresa privada explota el recinto y obtiene el beneficio.

Con esta decisión, Arroyo garantiza cinco años más de negocio a la UTE formada por Gestípolis y Sonora, consolidando un esquema en el que el dinero público sostiene intereses privados, “las mismas empresas a las que compró el Teatro Circo para cerrarlo”, ha añadido. Una estructura que en su origen estuvo representada por Pedro Pablo Hernández, actual presidente de la Autoridad Portuaria, lo que vuelve a poner de manifiesto la coincidencia reiterada de nombres y entornos en operaciones que comprometen recursos públicos. “Sus intereses parecen coincidir siempre con los de Arroyo, en público y en privado”, ha ironizado.

Para MC, lo ocurrido responde a un patrón claro: prisas, opacidad y decisiones orientadas a beneficiar a los mismos mientras se da la espalda al interés general. “Estamos ante el ‘a Dios rogando y con el mazo dando’: mientras se presenta como garante de estabilidad, deja blindados negocios privados a costa de todos los cartageneros”, ha señalado.

La formación cartagenerista recuerda que esta forma de gobernar se traduce en más presión fiscal, servicios que no mejoran y una situación económica municipal cada vez más deteriorada, “porque aquí siempre pagamos los mismos y siempre ganan los mismos, los de la corte del PP”, ha sentenciado. Frente a ello, MC defiende que Cartagena debe recuperar lo que es suyo y poner fin a un modelo que obliga a pagar indefinidamente por un edificio público convertido en negocio para unos pocos.