La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha alertado del riesgo de desaparición de la agricultura, la población, y el paisaje del campo de Cartagena, si se llevan a cabo los planes del ministerio de dejar en la cuarta parte el agua del trasvase.

Arroyo ha llamado a la movilización y ha explicado que el campo de Cartagena es el área más amenazada de toda la zona regable de Levante durante el acto institucional de Alcaldes por el Trasvase Tajo-Segura, celebrado este jueves 5 de junio en el Cuartel de Artillería de Murcia, que ha contado con la asistencia de cerca de 91 representantes de los municipios de la Región, pero también de las provincias vecinas de Alicante y Almería.

Durante su intervención, Arroyo ha instado a la movilización ciudadana y a la unidad política para defender un recurso hídrico vital para la subsistencia de miles de familias y el futuro del levante español, y ha subrayado la necesidad de trasladar a toda la sociedad un "mensaje de auxilio y solidaridad" ante las decisiones "injustas y arbitrarias que nos conducen a esa sentencia de muerte para todo el campo, en mi caso, para todo el campo de Cartagena, que es inasumible”.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento a la conciencia sobre la gravedad del recorte del trasvase, “no solo para nuestros agricultores, ganaderos, nuestros regantes, que sería ya motivo de sobra, sino para nuestro modelo de vida, para nuestro empleo, para nuestras industrias y para nuestros pueblos", ha afirmado.

En este sentido, ha llamado a la unidad política y ha destacado el compromiso de Cartagena en esta batalla, mencionando la creación de la Mesa del Agua del Campo de Cartagena y de los municipios del Mar Menor. La alcaldesa ha asegurado que seguirán "dando la batalla hasta que consigamos el objetivo, que es que el trasvase Tajo Segura no se toque mientras que no haya motivos científicos para hacerlo, y de momento no los hay", ha añadido.

Además, ha recordado que la Región solo necesita 120 hectómetros cúbicos de agua, mientras que la reserva actual del Tajo supera los 6.000, un argumento que, a su juicio, evidencia la falta de justificación para los recortes.