La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado este martes que llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al Gobierno central que detenga inmediatamente la propuesta de reducir hasta en un 50 % los volúmenes de agua del trasvase Tajo-Segura destinados al regadío. Arroyo lo ha manifestado en la inauguración de las jornadas "Retos y perspectivas de la gestión del agua en el Campo de Cartagena", organizadas por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), a través del proyecto AGWAMED y la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad José Manuel Claver Valderas.
Arroyo ha recordado que el borrador planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica plantea dejar a la mitad los trasvases en 2027. “El trasvase genera empleo, mantiene vivos nuestros pueblos, detiene el avance del desierto y evita la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 cada año. Nadie puede asegurar en dos años el agua desalada equivalente a la que recortan del trasvase. Sin trasvase, tendremos más paro, más pobreza, más desierto y más contaminación” ha afirmado la alcaldesa, para quien no existe una alternativa real a ese recorte porque “el agua desalada es insuficiente, es inadecuada y es un 40% más cara”.
La alcaldesa ha subrayado que este no es un problema exclusivo de los agricultores, “es una amenaza de muerte contra la economía de toda la comarca, porque nuestra agricultura depende en un 80 % del trasvase y sostiene 45.000 empleos directos y 1.700 millones de PIB, casi el 60% de la agricultura regional”.
Asimismo, la alcaldesa ha destacado el esfuerzo técnico y científico realizado por la UPCT y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para hacer que esta comarca sea pionera en técnicas de eficiencia hídrica. “Es una decisión injusta porque castiga precisamente a los agricultores que hacen el mejor uso del agua en España, agricultores que han invertido más que nadie en ahorro. Nuestros agricultores financian investigación y pagan infraestructuras, algo que nadie exige en el Tajo”.
La moción que se debatirá en el Pleno reclama que el Gobierno central paralice el proceso actual y abra un diálogo real con las comunidades autónomas afectadas y sectores involucrados, además de respetar las reglas del Memorándum del Tajo. También respaldará las acciones legales emprendidas por los regantes y el Gobierno regional para defender el trasvase.