Cartagena

El Ayuntamiento advierte a Migraciones de los riesgos de hacer obras sin licencia en el Hospital Naval

La alcaldesa se ha dirigido a la ministra Elma Saiz para remitirle el informe de Urbanismo con la lista de incumplimientos en torno a esta instalación y el peligro que supone para las personas que se alojan en la misma

La noticia de que el Gobierno de España ha declarado, mediante orden ministerial de Migraciones, la urgencia y excepcional interés público de las obras de ampliación del campamento del antiguo Hospital Naval en Cartagena, ha llevado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha dirigirse este jueves 21 de noviembre a la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, para “mostrarle nuestra preocupación y remitirle directamente el informe municipal de Urbanismo, en el que nuestros técnicos advierten de los riesgos asociados al proyecto”.

Según ha explicado la alcaldesa, que ayer miércoles convocó reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, “esta Orden permite ejecutar obras sin necesidad de licencia municipal, evidenciando que el ministerio era consciente de la imposibilidad de legalizar las actuaciones conforme a la normativa vigente, cuando el gobierno de España quiere hacer algo declara la urgencia y lo hace saltándose las normas, por tanto desde este momento, la responsabilidad de la seguridad de las instalaciones y de quien en ellas se alojan pasa a ser de dicho gobierno”.

Noelia Arroyo ha enumerado la lista de incumplimientos que implica esta decisión ministerial, destacando la ejecución de obras sin autorización municipal, el incumplimiento de normativas de seguridad de las carpas instaladas, la ubicación del antiguo Hospital Naval en una zona de riesgo hidráulico y la incompatibilidad del uso residencial asignado al recinto con el Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica el espacio como sistema general de equipamiento comunitario destinado a funciones de defensa y protección.

“El resultado final”, insistía la alcaldesa, “es que el Ministerio va a alojar a más de mil personas en instalaciones que, según los técnicos, no cumplen las normas antiincendios y en un recinto inundable; actúa de manera unilateral ampliando plazos y capacidad sin previo aviso, y por ello le he pedido a la ministra que reconsidere sus decisiones y urja los preparativos para el cierre de la instalación, tal y como estaba previsto, para principios de junio del año próximo”.

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