Su gozo en un pozo. Hace ahora tres años que los vecinos de Alumbres respiraban por fin tranquilos porque el Gobierno de España anunciaba por fin el desvío de las vías del tren del centro de la población. Acabaría así el peligro del transporte de mercancías muy peligrosas, como el butano y el propano, a lado de las viviendas y la irremediable tragedia en caso de descarrilamiento. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ya entonces exalcaldesa socialista, Ana Belén Castejón, comunicaron incluso la licitación "en breve" de la obra con una inversión de 175 millones de euros. Pero jamás la Administración central dio el paso y la prometida intervención nunca llegó a la diputación cartagenera.

Los alumbreños exigen desde hace más de dos décadas que el ferrocarril entre a Escombreras por La Parreta, un entorno minero ubicado en la carretera de La Unión, en el cruce antes de la rotonda que conduce a Alumbres. O, en su defecto, que los convoyes de hasta treinta vagones de gas licuado, que van a la refinería, rodeen el pueblo en su totalidad y pasen por el paraje de La Esperanza, a unos tres kilómetros de las casas. La opción más costosa, que es la que barajaba el Gobierno Central para la prometida inversión de los 175 millones de euros, pasaba por la construcción de quince kilómetros de raíles, desde un punto intermedio entre La Aparecida y La Palma hasta Escombreras, y un túnel de 2.000 metros a la altura de Alumbres.

En la actualidad y para más inri de la necesidad del proyecto, los residentes de la calle San Francisco tan solo tienen un paso para vehículos por debajo de la vía y otro para peatones. Con el fatal inconveniente de que por el primero de ellos no cabe un camión de bomberos y ya ha habido más de un susto en caso de conatos de incendio en las casas. Los residentes sueñan con el aprovechamiento para uso ciudadano de los terrenos que ocupan ahora los raíles y ponen como ejemplo la Vía Verde de Barrio Peral, situada en la zona por donde pasaban ante los trenes.