En el baúl de los recuerdos. El Ayuntamiento de Cartagena olvida la compra del Hospital Naval en los presupuestos de 2023. Ni una sola alusión a esta operación en la reciente presentación de las nuevas cuentas municipales. Hace ya casi diez meses que la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Ana Belén Castejón, anunció la intención del Gobierno local de la adquisición del inmueble para uso sociosanitario como residencia de la tercera edad. Desde entonces, ni una sola palabra ha pronunciado la también líder de Sí Cartagena ni ningún otro edil gobernante al respecto.

El Ayuntamiento contaría como ayuda en la transacción con los casi nueve millones de euros que el Ministerio de Defensa le debe por el impago del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) de diferentes propiedades de la Armada desde el año 1999. Ambas partes quedaron en la tasación por separado de las instalaciones que acogieron durante veintiocho años el denominado de forma oficial como Hospital General Básico de la Defensa. Pero hace casi un año que tuvieron lugar estas conversaciones y nada saben los cartageneros sobre el final de las mismas. Parece evidente, en todo caso, que la ausencia de partida en los actuales presupuestos municipales no apunta a un desenlace exitoso de las negociones entre los Gobiernos estatal y local, ya que el primero pidió en un primer momento 20 millones de euros por el edificio y el resto de la parcela en la Carretera de Tentegorra. Cantidad desorbitada a todas luces pero lejana de la deuda entre ambas administraciones que haría viable el acuerdo.

El municipio de Cartagena presenta un importante déficit de plazas públicas y concertadas de residencias con asistencia sanitaria para la tercera edad. El complejo, en caso de que llegara a buen puerto la compra por parte del Ayuntamiento, sufriría una posterior cesión a la Comunidad Autónoma que organizaría su utilización como centro de mayores, ya sea mediante gestión directa o a través de una concesión que respetara los cánones de calidad asistencial de la Consejería de Mujer, Igualdad, Familia, Política Social y Transparencia, con competencias exclusivas en esta materia.