El Ayuntamiento de Cartagena ha firmado este lunes 13 de junio un protocolo con las consejerías de Fomento y Política Social para adherirse al programa PARES, una iniciativa financiada en un 80% con fondos FEDER y en un 20% con fondos de la Comunidad Autónoma dirigidos a la adquisición de viviendas para alojar a familias en situación de exclusión social y residencial. El Ayuntamiento, que ya gestiona 303 viviendas en régimen de alquiler social, ampliaría así el parque de viviendas destinadas a impulsar la inclusión social de familias.

El acto, que se ha desarrollado en el Palacio de Aguirre, ha estado contado con la presencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien ha estado acompañado por la vicepresidenta del Gobierno Regional y consejera de  Vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Isabel Franco, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, los alcaldes de Fuente Álamo, Puerto Lumbreras y Cieza; Juana María Martínez, María Ángeles Túnez y Pascual Lucas; así como la concejal de ONG, Servicios Sociales y del Mayor del Ayuntamiento de Lorca, Mª Dolores Chumillas.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha dicho que la falta de una vivienda digna perpetúa las situaciones de exclusión social y hace mucho más difícil el trabajo por la integración. Por esa razón es importante disponer de más capacidad para alojar a familias alojadas en infraviviendas.

“Según nuestros datos, en Cartagena hay 222 familias que residen en infraviviendas o se encuentran en situación de exclusión residencial. Esas familias las integran en torno a 470 personas. 57 son familias con menores de edad, lo que suman un total de 140 menores de edad, y estos, por tanto, son nuestro principal objetivo”, ha señalado Arroyo.

El acuerdo, que ha sido firmado en por reponsables de otros cuatro municipios, establece que las viviendas, que serán adquiridas por la Dirección General de Vivienda a través de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda, serán rehabilitadas por la consejería de Fomento y se ceden en propiedad a los ayuntamientos, que se comprometen a destinar la vivienda al reloj de personas que residen procedentes de viviendas precarias durante al menos 20 años.

El máximo responsable de la consejería de Fomento ha explicado que con esta iniciativa se "pretende darle una nueva oportunidad a todas las familias que se encuentran en las situaciones más grave de exclusión social para que puedan emprender nuevos proyectos de vida". De esta manera, Díez de Revenga ha explicado que, con este programa que lleva en marcha varios años, "el gobierno regional ha comprado ya un total de 52 viviendas para destinarlas a familias sin hogar, que han sido realojadas". En total, han sido 115 personas a las que también se les han integrado en un programa de acompañamiento social.