La diputación cartagenera de Pozo Estrecho dispone de diez nuevas viviendas dedicadas al alquiler social impulsadas por la Comunidad Autónoma, que destina 1,6 millones de euros a la nueva convocatoria de ayudas para la construcción de viviendas de alquiler a precios asequibles que se pueden presentar hasta el próximo 25 de diciembre. Las subvenciones podrán alcanzar los 350 euros por metro cuadrado, siendo la cuantía máxima de la ayuda por vivienda de 36.750 euros.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acompañada del director general de Vivienda, José Francisco Lajara, ha visitado la promoción de diez viviendas en Pozo Estrecho que se ha visto beneficiada por la anterior convocatoria con una ayuda de 126.745 euros.

“Esta subvención supone ampliar la oferta de viviendas de alquiler a precios asequibles en Cartagena, y satisfacer así la demanda de esta modalidad de hogares, al tiempo que revitaliza la población de Pozo Estrecho porque la ayuda ha posibilitado la terminación de un edificio paralizado”, ha explicado la alcaldesa.

Por su parte, el director general de Vivienda, José Francisco Lajara, ha defendido el modelo de hogar que impulsa el Gobierno regional “basado en la libertad y proponiendo medidas que derriben las barreras que dificultan el acceso a la vivienda a las familias de la Región, en contraposición a las políticas intervencionistas del Gobierno central”.

La nueva línea de ayudas publicada el pasado 25 de noviembre en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) está diseñada para viviendas de nueva promoción o de rehabilitación que se destinen al alquiler como mínimo durante 25 años. Los beneficiarios podrán ser personas físicas, administraciones públicas o fundaciones. Contempla un plazo de ejecución de la vivienda de 30 meses desde concesión ayuda, rehabilitación o reanudación en 24 meses.

En Cartagena se anunciaron dos promociones inmobiliarias que suman 23 viviendas, estas diez en Pozo Estrecho, y el resto en Santa Lucía, que se convertirán en complejos de pisos en alquiler.

La alcaldesa ha destacado que en los presupuestos de 2022, que acaba de aprobar de forma inicial el Pleno municipal, el Gobierno ha aumentado la inversión en vivienda social, bajando impuestos para alquileres sociales y manteniendo el programa Alquiler seguro.

“Hemos aumentado los presupuestos en Vivienda Social, con partidas para que el año que viene se sumen 10 viviendas más a las 41 viviendas sociales de propiedad municipal”, ha dicho la alcaldesa, que señala que “hay un aumento del 66% en Vivienda Social para sumar una inversión de cerca de 320.000 euros tanto para reforma como para rehabilitación de vivienda”.

Además, en 2022 se reducirá el IBI del 90% a los propietarios que pongan sus viviendas en manos del ayuntamiento o de las ONG para alquileres sociales. “De esta manera queremos tener más vivienda a disposición de las familias con más necesidades y facilitar el trabajo de las organizaciones sociales que tienen pisos tutelados y otros proyectos de inclusión social para los que es imprescindible disponer de una vivienda”, sostiene Arroyo.

Por último, con el programa Alquila Seguro, el Ayuntamiento se hace cargo de un seguro que cubra posibles impagos, actos vandálicos y asistencia jurídica en viviendas destinadas a familias con rentas bajas.