La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha participado junto al consejero de Agricultura, Antonio Luengo, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, y la presidenta de COEC, Ana Correa, en un acto en defensa del Trasvase Tajo-Segura, después de que esta semana el Ministerio para la Transición Ecológica haya aprobado un aumento de los caudales del Tajo, lo que pone en serio riesgo la supervivencia de esta infraestructura a medio plazo.

El acto ha tenido lugar en la sede de la COEC, con presencia de Regantes, sindicatos agrarios y organizaciones empresariales del Campo de Cartagena, la comarca más damnificada en caso de cierre del trasvase. Según las últimas estimaciones del estudio sobre el impacto económico del agua del trasvase para el regadío, elaborado por el Colegio de Economistas y la Universidad de Murcia, el cierre del trasvase supondría la desaparición del 80 por ciento de la agricultura del Campo de Cartagena.

“Supone un mazazo enorme para nuestro sector primario, uno de los tres vértices de la economía local, junto a la industria y el turismo”, ha dicho la alcaldesa, que se ha puesto, junto al resto del Gobierno, a disposición de los regantes para hacer llegar sus reivindicaciones en defensa del trasvase “donde sea necesario”. “No hablamos de un problema de agricultores, sino del futuro de nuestra comarca y por eso el gobierno de Cartagena se pone a disposición de los Regantes para secundarles y respaldarles en las acciones que pongan en marcha en defensa del Trasvase”, ha señalado.

La alcaldesa señala que “el gobierno acaba de decirnos que en seis años tenemos que apañarnos con la mitad del agua, pagarla hasta un 170 % más cara y aceptar todo esto sin alternativas para la ruina que se cierne sobre el campo de Cartagena.

Éste no es un problema de agricultores, esto es una amenaza de muerte contra el campo de Cartagena, que depende en un 80 % del agua del trasvase con 45.000 empleos directos en toda la zona regable”, y califica la decisión de “injusta e impropia de un gobierno que piense en sus ciudadanos”, señala Arroyo.

El consejero de Agricultura ha calificado este ataque del Gobierno al Trasvase como inaceptable y ha reiterado la intención del Ejecutivo de “defender por la vía que sea necesaria a nuestros regantes y la actividad económica que genera la agricultura”. Y ha instado a la unión de todos los estratos sociales, empresariales y económicos de la Región para defender el Tajo-Segura.

Tanto la alcaldesa de Cartagena como el consejero, Antonio Luengo, han valorado la nueva planificación hidrológica propuesta por el Gobierno central, que supone el recorte de 80 hectómetros cúbicos anuales del Trasvase Tajo-Segura, como “inadmisible para la Región de Murcia, pero también para Alicante y Almería, porque la reducción del 50 por ciento del caudal en 2027 supone el cierre del trasvase, y puede hacer que la factura del agua aumente incluso un 140 por ciento”, y anuncian que harán lo que sea necesario para evitarlo.

Lucas Jiménez, del Sindicato Central de regantes del acueducto Tajo Segura, denuncia que “se nos cierra el grifo de las oportunidades que genera el agua de manera injustificada” porque no hay razones para el recorte del trasvase, salvo la ideológica o política”, y anuncian que pelearán por defender esta infraestructura.

Por su parte, la presidenta de COEC asegura que el recorte que plantea el Gobierno de España no solo afecta a la agricultura, sino también a los ciudadanos, “que pagaremos el agua más cara entre un 40 y 40%”, según Ana Correa.