Durante los últimos meses, los usuarios de las principales piscinas municipales (Wssel de Guimbarda y la Urbanización Mediterráneo) han sufrido la caprichosa decisión de la actual alcaldesa, N. Arroyo (PP), anteriormente concejal de Deportes, de mantener cerradas (ahora hasta septiembre) las instalaciones que tienen una mayor demanda en el municipio.
Ésa fue su decisión. La otra opción habría sido planificar, gestionar y trabajar para hacer compatible la utilización de las infraestructuras con la cambiante situación que hemos atravesado a nivel sanitario. Su apertura progresiva debía haberse producido, al menos, hace seis meses, junto a la mayoría de servicios y al resto de piscinas municipales (de gestión pública) que sí están abiertas y funcionando con normalidad.
Cerradas por capricho
Otros municipios se acogieron a la paulatina apertura de servicios que aconsejaba el control de la pandemia. Mientras, Arroyo continuaba negando a los usuarios la posibilidad de retomar la normalidad y una actividad que, en muchas ocasiones, puede ser también una necesidad médica.
Por si fuera poco menoscabo, nuestro Grupo ha tenido conocimiento de la última ocurrencia del Gobierno. Cobrar nuevas matrículas a los usuarios de las piscinas. De este modo, al daño causado por no hacer uso de las instalaciones se le sumaría un nuevo pago que no tiene justificación.
En este punto, conviene precisar que las gestiones de ambas piscinas fueron privatizadas por el PP durante el gobierno de Pilar Barreiro. Contratos blindados para empresas concesionarias a las que, ahora, Arroyo no quiere 'molestar'.
Cobro indebido por una matrícula ya abonada
El concejal responsable del área de Deportes en MC Cartagena, Ricardo Segado, ha valorado lo expuesto. "Las piscinas seguirán cerradas todo el verano por capricho de Arroyo. Mucho nos tememos que la reapertura venga acompañada de un peaje 'Covid' que obligue al usuario a pagar de nuevo por una matrícula que ya abonó en su día".
Al hilo de esta circunstancia, el edil ha precisado que "la actividad deportiva se vio interrumpida de manera forzosa por causas no imputables a nadie, por lo que no cabe volver a cobrar al usuario lo que ya abonó. Sería una injusticia porque el servicio se retoma y continúa. No terminó en ningún momento".
Posteriormente, Segado ha aclarado que "el cierre de estas piscinas ha supuesto un ahorro de cientos de miles de euros para las arcas públicas. Un dinero no pagado por el Ayuntamiento a las dos empresas concesionarias por compensaciones para la apertura de las instalaciones", ha argumentado el concejal de MC.
Para finalizar, el concejal cartagenerista ha añadido que "ya no valen excusas. Sólo el resarcimiento al usuario recuperando un servicio de calidad sin aplicar sobrecostes al ciudadano".