Ya está aquí el mes de octubre, un otoño frío en lo climatológico que se presenta caliente en lo social.

El mes ha comenzado con la confirmación de que a los cartageneros todo nos cuesta mucho más, no un poco más o algo más, sino infinitamente más.

Tanto que estamos celebrando que el Juzgado de lo Mercantil, que nos concedieron en 2018, sigue sin poder abrir, pero no se ha ido a Murcia.

Aunque ni siquiera eso es cierto, porque el Juzgado sí que se ha ido a Murcia, pues el Delegado del Gobierno (PSOE) ha confirmado que habrá dos juzgados nuevos, uno para Cartagena y otro para Murcia, a quien le cae una unidad judicial que, en teoría, no era necesaria ni han reclamado.

Aquí haré un inciso, los juzgados para existir deben estar abiertos y atendiendo asuntos judiciales y, desde hace años, para que esto suceda en Cartagena deben alquilarse locales por el Ministerio, porque no hay Ciudad de la Justicia, y al Gobierno de España le parece que los cartageneros no lo merecemos, aunque impuestos sí que nos cobra.

Dicho esto, nuestras munícipes, Arroyo y Castejón dieron por bueno pagar por un solar del Estado para ubicar la Ciudad de la Justicia (aún me pregunto si el de la ocurrencia está contento), que corresponde a éste construir al Estado.

A su vez llevan año y medio jugando a no ofrecer una ubicación para el Juzgado de lo Mercantil y el Civil (que de este último se han olvidado) y así hemos llegado a perder el Mercantil y recuperar el derecho a tenerlo en pocos días.

Tengo que contar que todo esto lo tratamos el 17 de septiembre en la 'Mesa de la Justicia' de Cartagena, a la que no acudió el presidente del TSJ, por cierto, y en la que Arroyo y Castejón dieron cuenta de que no hay acuerdo ni terrenos alternativos para la Ciudad de la Justicia y que ofrecerán al Ministerio un espacio que COEC ha puesto a disposición.

Por enésima vez, MC llevó propuestas concretas sobre ubicación de nuevas sedes (edificio municipal en ronda Ciudad de La Unión o nave en Los Camachos, entre otras), o la Ciudad de la Justicia, pero sólo recibimos evasivas.

Una semana después, el 24 de septiembre, el Gobierno regional (PP) informa favorablemente que se instale en Murcia el mercantil que venía para Cartagena, y lo hace en respuesta a una propuesta del gobierno central (PSOE).

Cuesta creer que lo hiciera sin el beneplácito del TSJ de Murcia (en Murcia hay, de momento, porque serán más, el triple de jueces que en Cartagena).

Llegados al 29 de septiembre, y aunque después hemos sabido que esa misma semana existió una reunión de los Decanos de Abogados y Procuradores de Cartagena con el Gobierno regional, hice público lo que estaba pasando.

A partir de ese momento, se suceden las noticias. Unos culpando a otros y otros a unos. El Colegio de Abogados lidera en lo social la reivindicación que sostiene MC en lo político, y forzamos el cambio a todos.

Ninguno quiere confirmar que estaba en el ajo y todos defienden que el mercantil vaya a Cartagena, algo que no sería necesario si ellos mismos no lo hubieran modificado.

Los últimos en caer del burro (el PP vio la vía de agua antes) son los del PSOE regional a los que el presidente de la Cámara de Comercio fuerza a defender lo contrario a lo que habían tramitado.

El final es que en Cartagena este lunes tenemos lo que teníamos antes, la promesa de un Mercantil y un Civil y en Murcia ya tienen un mercantil, que no tenían ni consta que hayan pedido.

Así que quiero pensar que tendremos Mercantil, pero los mercaderes siguen dentro del templo.

Y si no estamos siempre, y a diario, muy despiertos y todos a una, los cartageneros seguiremos siendo las víctimas propiciatorias de todo esto.

E insisto, esto es solo el Mercantil...