Aún sin finalizar la desescalada del Estado de Alarma y percibiendo actuaciones de minorías descerebradas, sin mantener las mínimas medidas de seguridad que esperamos no fuercen a dar marcha atrás ni, sobre todo, genere nuevas muertes, ya vamos viendo las consecuencias económicas y laborales de la pandemia. La nueva realidad de la que nos avisan Oxfarm Intermon y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se resume en dos parámetros muy oscuros A NIVEL MUNDIAL: l@s trabajador@s perderemos BILLONES de euros, y la mitad también el trabajo. Mientras, los 23 personajes más ricos de España han aumentado sus fortunas en 14.000 millones de euros en los dos últimos meses, y el 1% más rico del mundo en 240.000 millones de dólares. En paralelo, hay algunas declaraciones y actuaciones preocupantes, aunque las medidas aplicadas por el Gobierno de coalición progresista como el tanto tiempo demandado Ingreso Mínimo Vital amortiguará, sin duda, las situaciones más graves de pobreza y necesidad, y la política de protección al empleo desplegada con los ERTEs, copiada en países de nuestro entorno con variaciones, ha conseguido mantener a much@s trabajador@s a resguardo del desempleo.

El ministro Escrivá, tecnócrata de pro, se sigue manteniendo en sus trece respecto del Sistema Público de Pensiones según sus propias declaraciones, a saber: atraso en la edad de jubilación, mantenimiento del factor de sostenibilidad y segregación de gastos de la Seguridad Social. Las dos primeras medidas significarán paulatinos recortes en las futuras pensiones, que pueden llegar en unos cuantos años a que las pensiones supongan alrededor del 50% del último salario para futur@s pensionistas, nuestr@s hij@s y niet@s, como hemos explicado reiteradamente, contra lo que hemos luchado y seguiremos luchando. Sin embargo, estamos de acuerdo en la segregación de gastos de la SS si supone solamente la de salarios de funcionarios, inversiones en instalaciones, gastos corrientes, o rebajas de cotizaciones y "tarifas planas" entre otros para trasvasarlos a los PGE, pero no lo estaremos y lo combatiremos si se propone la segregación de las pensiones de viudedad, como plantean organizaciones como la CEOE.

Sin haber pasado el peligro aún latente por la COVID-19, en algunas CCAA gobernadas por las derechas y ultras ya se están produciendo despidos de personal sanitario, así como nuevos recortes en la sanidad pública favoreciendo a la privada. Es decir, estamos volviendo a la "vieja normalidad" que tantas desgracias y muertes nos ha traído. Mientras, muchos países europeos están actuando como debieran hacerlo nuestros gobiernos autonómicos, ofertando condiciones sustanciosas a nuestr@s sanitari@s para recuperar sus sistemas de salud.

Tras comprobar las gravísimas deficiencias de los sistemas de los Sistemas de Ayuda Domiciliaria y de las residencias para personas dependientes y mayores donde han fallecido 18.000 personas y la apertura de más de 300 expedientes administrativos y penales por parte de la Fiscalía General del Estado sobre todo en las privadas y concertadas, y demostradas las necesidades, entre otras muchas, de aumentos de las ratios reales de personal especializado por persona residente, nos encontramos con peticiones al Estado de compensación de pérdidas económicas por los fallecimientos de "clientes" y con despidos de personal, unas medidas para aumentar la rentabilidad, única magnitud por la que se rigen los fondos buitre propietarios finales de la mayor parte de esas residencias. Urgen profundos cambios en la Ley de Dependencia y la recuperación de la gestión pública de las residencias privatizadas, así como de los SAD.

Las dificultades para sacar adelante todos estos temas y otros no menos importantes (empleo, vivienda, educación, salarios reales, conciliación, mujer, medioambiente…) hacen necesaria la unidad de plataformas y colectivos ciudadanos tanto a nivel estatal y regional como, por supuesto, local, para seguir apoyando, empujando y reclamando políticas sociales como las que está implantando el Gobierno de la Nación, y para que se siga en la senda de una reconstrucción de la vida de las personas en los tres niveles de la Administración, pese a los problemas que suponen las actuaciones de bastantes Gobiernos Autonómicos y Municipales.

Por nuestra parte, participamos a nivel estatal en la COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), a nivel regional hemos puesto nuestro pequeño granito de arena en la creación de la suma de colectivos PLAN DE CHOQUE SOCIAL Región de Murcia que ayer mismo se presentó a los medios, y creemos MUY NECESARIA una auténtica coordinación de los colectivos de la ciudad para formar una red agrupada de una especie de "Cartagena Social" que optimice los esfuerzos y ayude a la concienciación ciudadana.

Como Yay@flautas no convocaremos movilizaciones ni nos parece prudente hacerlo hasta la finalización de la situación del Estado de Alarma. Además, somos colectivo de alto riesgo, incluso algun@s de MUY alto riesgo, pero apoyaremos, como estamos haciendo, las iniciativas ciudadanas DE CARÁCTER SOCIAL que surjan con presencia puntual y manteniendo todas las medidas de seguridad; también participando por videoconferencias en debates y en tomas de decisiones que se propongan siempre orientadas a la defensa de los derechos de TOD@S, porque

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LO SOCIAL SE DEFIENDE!