- Detectar los puntos negros, incrementar la vigilancia policial, instalar cámaras de seguridad, modificar y crear ordenanzas que conlleven sanciones duras, planes de regeneración y protección de los terrenos afectados, establecer cauces y protocolos de colaboración con la Comunidad y la Confederación Hidrográfica del Segura, entre las acciones incluidas en el plan de la formación naranja.

Ciudadanos exige al PSOE el cumplimiento inmediato del acuerdo para poner en marcha un plan de choque contra las escombreras ilegales en Cartagena, "ese acuerdo no es un adorno legislativo, ni una declaración de intenciones, ni un consejo amable, ni un capricho de la oposición, es una obligación política y una expresión unánime de todos los representantes de Cartagena ante una situación de urgencia que tiene que ejecutar el Gobierno local ya porque la situación con los vertederos y los vertidos ilegales se nos ha ido de las manos por la indiferencia y la falta de medidas del Ayuntamiento durante décadas", ha recriminado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena tras conocer que la Policía Local ha destapado más vertidos en Los Segados y nuevos residuos arrojados y enterrados sin control en San Isidro y Lo Campano, según ha informado hoy el diario La Verdad.

La formación naranja presentó y logró sacar adelante en el Pleno ordinario por unanimidad dos planes de choque muy relacionados, uno contra los solares urbanos de propiedad privada abandonados y otro para combatir las escombreras y los vertidos ilegales en las zonas públicas del municipio, "la alcaldesa tiene en su mesa dos buenos planes para hacer frente a las escombreras y los vertidos, sólo tiene que aplicarlos; si no lo hace es porque pura involución política", aconseja Manuel Padín.

La primera fase del plan naranja obliga al Ayuntamiento a realizar un análisis de los puntos negros del municipio que permita trabajar sobre un diagnóstico preciso y que constituya el punto de partida para un plan integral; la segunda fase pasa por la aplicación una campaña anual de prevención y concienciación (vital además para evitar gasto público), extremar la vigilancia policial con oleadas intensivas y la instalación de cámaras de seguridad, actualizar la ordenanza de limpieza viaria que data de 1987, crear una específica para los solares urbanos, y desarrollar la de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición acordada en el Pleno en junio de 2017 de manera que incluya la exigencia de un aval para expedir licencias de obras y declaraciones responsables que se devolverá cuando se acredite que los escombros se han retirado de forma correcta.

El acuerdo plenario también dictamina un agresivo aumento de las sanciones ya que en la actual ordenanza sólo se impone una multa máxima que no llega a 600 euros cuando en Murcia oscilan entre los 6.000 y los 12.000 euros, y planes de limpieza y regeneración de los terrenos más afectados.

Además, Ciudadanos sostiene que ni siquiera existe a nivel municipal una estrategia uniforme para la recogida de escombros de obra menor, por lo que es preciso también incrementar las campañas de información a los cartageneros para que sepan que deben trasladar sus residuos a los puntos limpios y las consecuencias medioambientales y disciplinarias de no hacerlo.

Manuel Padín sostiene que "en definitiva, se trata de un problema difícil que tiene lugar en toda España, y debemos tomar medidas en cuatro aspectos: el ejecutivo, con un plan de limpieza en las principales escombreras, con especial atención a aquellas que contengan amianto, el normativo, con la creación de ordenanzas y leyes que intensifiquen los castigos, el divulgativo, con campañas de difusión en contra de los vertidos y las alternativas, y el disciplinario, con medidas sancionadoras ejemplarizantes".

La Comunidad y CHS, también culpables

Para la formación naranja, la Fiscalía de Área de Cartagena, la Confederación Hidrográfica del Segura, y la intervención de la Comunidad son imprescindibles para combatir esto, "si no optimizamos la coordinación de estos entes con la justicia a la que se deben enviar los casos de empresas reincidentes, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, será muy difícil que solos acabemos con esta auténtica lacra". "El papel de la Comunidad hasta ahora ha sido desentenderse de este problema, dejando toda la responsabilidad únicamente a los Ayuntamientos; no nos vale que nos digan que esto es competencia municipal porque hablamos de un consistorio infrafinanciado y lleno de competencias impropias", asegura Manuel Padín que asegura que otra línea de trabajo consiste en estudiar con sus compañeros en la Asamblea fórmulas de colaboración para que el Gobierno regional destine fondos a la lucha contra los vertidos ilegales y las escombreras, "haría bien la alcaldesa en reunirse con el consejero de Medio Ambiente y el delegado del Gobierno para buscar fórmulas de colaboración para esto".