Esta mañana, el Grupo municipal MC Cartagena ha vuelto a quedarse solo, con el único respaldo de Cartagena Sí Se Puede, en su defensa del interés general y el bienestar de los cartageneros. PSOE, PP y Ciudadanos han vuelto a alinearse para evitar que el proceso de revisión de la tarifa del agua sea reconducido por los cauces de la legalidad y el criterio técnico.

Para intentar conseguirlo, MC ha defendido la necesidad de que Ana Belén Castejón impulse la aplicación del estudio de costes municipal del servicio emitido por funcionarios para establecer una nueva tarifa, dando continuidad al trámite de oficio iniciado el 1 de junio de 2017 en Junta de Gobierno. Un proceso ajustado a la más estricta legalidad que ha sido obviado por la alcaldesa socialista tras la negociación de ésta con la concesionaria, cuyo acuerdo impuso el 29 de diciembre.

La formación cartagenerista ha expuesto la necesidad de instar a la Junta de Gobierno, previa tramitación legal por medio de los servicios municipales que procedan, a que apruebe en virtud de la potestad tarifaria de la administración, y al amparo de los razonamientos que obran en el expediente aprobado en Junta de Gobierno, una tarifa del agua con carácter transitorio.

Esta tarifa estaría vigente mientras no se resolviera la relación contractual por el recurso colectivo presentado en 2004 contra la ampliación del servicio del contrato del servicio municipal de aguas; la liquidación de los superávits; la aplicación de tarifas, posibles sobrecostes, etc.

Además, se hubiera ajustado a los estudios municipales de costes, permitiendo a los cartageneros pagar menos por el agua, con la certeza de no abonar sobrecostes como ha venido sucediendo al aplicar propuestas de la concesionaria.

MC ha pretendido validar el gran trabajo realizado por técnicos municipales durante dos años, ciñendo la actuación a los trámites legales más garantistas y traduciéndolo en una sensible rebaja de la tarifa, alejada de las hábiles capacidades negociadoras de la Alcaldía que ponen en entredicho la legalidad y el beneficio de los ciudadanos.

Los partidos tradicionales se oponen a estudiar la gestión directa del servicio

La alianza estratégica de PP, PSOE y el silencio de Ciudadanos para salvaguardar el bienestar de la concesionaria en perjuicio de los vecinos ha vivido un nuevo capítulo con la negativa a la propuesta de MC de instar al Gobierno local a estudiar las fórmulas de gestión directa e indirecta, con prioridad a la primera, del servicio municipal de abastecimiento de agua. Ello, a pesar de lo que podría ser una inminente estimación de la nulidad de la prórroga acordada en el Pleno de 2003, que supuso una prórroga de 25 años de la concesión.

La más que probable estimación reflejaría un escenario ideal para estudiar y decidir qué forma de prestación del servicio es más favorable a los intereses de los vecinos. Podría traducirse en una gestión directa del servicio a través de los más cualificados funcionarios municipales, conocedores algunos de ellos de los pormenores del contrato y el servicio público desde hace más de treinta años.

Con su negativa, PSOE, PP y Ciudadanos ha evitado también solicitar un impulso y agilización de las liquidaciones por superávit de años anteriores (al menos entre 2011 y 2017), la incorrecta aplicación de tarifas y sobrecostes en general, al objeto de precisar la cantidad económica que la concesionaria adeuda a los cartageneros.