CTSSP - PODEMOS presentó hoy escrito de interposición de Recurso Contencioso Administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de revisión del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de fecha 12 de noviembre de 2003 en el que se aprobó la modificación del contrato de concesión de los servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, firmado con la mercantil AQUAGEST, ahora denominada HIDROGEA. El grupo considera que dicho acuerdo, que extiende la concesión hasta el año 2042, es nulo de pleno derecho.
A pesar de que los dos partidos que hoy gobiernan el Ayuntamiento llevaban este tema en sus programas electorales, el Gobierno ha rechazado dos veces esa petición: primero votando en contra una moción de CTSSP (en febrero de 2016) y en segundo lugar desestimando su demanda en vía administrativa ante el Ayuntamiento (presentada en mayo de este mismo año). Para Podemos resultan incomprensibles estas actuaciones, por tanto agotadas todas las vías, y comprobando que hay nula voluntad política por parte del nuevo Gobierno, nuestro grupo acude a los tribunales en defensa del interés general y esperando que la Justicia anule lo que consideramos que es un contrato ilegal.
Tanto la portavoz del grupo municipal CTSSP Pilar Marcos como la diputada por Podemos Región de Murcia, María Giménez, han resaltado a la salida de los juzgados que:
"Desde Podemos no sólo creemos que este contrato es nulo, sino que además denunciamos el comportamiento de la empresa, que reiteradamente viene ninguneando al Ayuntamiento, que ha estado negando información a los técnicos y que presta un servicio caro y deficiente, al igual que sucede en otras partes de España.
Para terminar con esta situación abusiva, hemos pedido en innumerables ocasiones que el agua pase a ser considerada una tasa, que se auditen las cuentas de la empresa y que se incluyan en el Presupuesto Municipal. Creemos indispensable, tras 20 años de desgobierno del PP, que el Ayuntamiento supervise en todo momento el cumplimiento del contrato por parte de la empresa.
Desde PODEMOS nos oponemos también a que un bien común que es indispensable para la vida pueda estar en manos de un monopolio, dos o tres empresas que lo convierten en un negocio y cuyo principal objetivo consiste en ganar dinero a costa de algo que es de todos. Creemos en la gestión pública del agua y estamos convencidos de que hay que rescatar el servicio y gestionarlo íntegramente desde el Ayuntamiento, con transparencia, democracia y participación, bajo criterios sociales y de sostenibilidad, tal como están haciendo en buena parte de Europa y en muchísimos municipios españoles".