El concejal de Educación, David Martínez Noguera, ha asegurado que el Ayuntamiento de Cartagena ha actuado conforme a lo que marca la legalidad vigente en el proceso de adjudicación del Centro de Atención a la Infancia (CAI) Nueva Cartagena. El nuevo equipo de gobierno, que asumía la gestión municipal el pasado 13 de junio, se ha encontrado con numerosos problemas legales a la hora de suspender dicho concurso ya que el proceso se encuentra en la última fase de la adjudicación abierta por el anterior equipo de gobierno municipal.
El Ayuntamiento no ha tenido margen temporal, ni opción de maniobra, ni alternativa jurídica porque suspender el proceso podría generar una importante carga económica paras las arcas municipales ya que la Comunidad Autónoma podría reclamar al Ayuntamiento más de 1 millón de euros por la subvención otorgada inicialmente para la construcción del centro, ha afirmado Martínez Noguera.
El concejal también ha advertido que la suspensión del concurso, una vez publicado en el B.O.R.M y en su última fase de ejecución, podría haber originado un problema judicial de suma gravedad para este Ayuntamiento que hubiera tenido que hacer frente a las demandas de las cinco empresas y a un alto coste en indemnizaciones por haber incumplido las bases recogidas en el pliego de condiciones de la privatización del CAI.
El edil de Educación ha asegurado que la apuesta de este equipo de gobierno siempre será la de la gestión pública de las escuelas infantiles municipales y no el modelo de privatización implantado en anteriores legislaturas en el municipio y a las que corresponde el actual concurso de gestión del CAI Nueva Cartagena.
Desde la Concejalía de Educación destacan que pese a estar en contra de la gestión privada de este centro, ante el inicio del curso escolar y ante el escaso margen de maniobra, reconocen que la apertura del CAI conllevará la creación de 148 plazas para atender a niños de entre 0 y 3 años tan necesarias en el área poblacional de referencia.
Por último, David Martínez Noguera ha asegurado que esta medida implica un acto de responsabilidad con las necesidades educativas del municipio y que será la propia empresa quien asuma el coste de la puesta en marcha, el equipamiento y mobiliario de las instalaciones. Desde el equipo de gobierno se ha manifestado que ya se trabaja en la ampliación progresiva de escuelas infantiles municipales además de en la revisión de baremos para deducciones y bonificaciones destinados a las familias con menos ingresos.