Acuerdos de financiación con asociaciones agropecuarias para la vigilancia de las explotaciones, el incremento de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y la reposición de todas las vacantes de la plantilla de la Policía Local son los puntos claves para la formación de izquierdas

Izquierda Unida-Verdes ha pedido, a través de una moción presentada por el concejal Cayetano Jaime Moltó, urgentes soluciones para la situación de inseguridad que se vive en las diputaciones y localidades litorales y rurales del municipio. Medidas que pasan porque la Comunidad Autónoma suscriba acuerdos de financiación con los propietarios de explotaciones agropecuarias, a través de las asociaciones que los agrupan, para que éstos contraten los servicios de vigilancia que permitan liberar efectivos de la Guardia Civil para destinarlos a la mejora de la seguridad ciudadana en las citadas diputaciones y localidades. Igualmente que el Ayuntamiento exija a la Delegación del Gobierno que incremente la plantilla de los cuerpos de seguridad en el municipio y que que se proceda a la total reposición de las plazas de Policía Local que se encuentran vacantes en la plantilla municipal.

Estas propuestas de la formación de izquierdas a un problema que se viene agudizando día a día, no son nuevas, ya en el pleno de febrero de 2014 fue rechazada una moción presentada por IU-Verdes referida a la planificación de la seguridad pública en las zonas y diputaciones del litoral de nuestro municipio. Ya entonces se apuntaba que entre los motivos de estos hechos se encuentran la falta de reposición de plazas en la plantilla de la Policía Local y la decisión de la Delegación del Gobierno de que efectivos de la Guardia Civil tengan como prioridad, por encima de la de la seguridad de espacios públicos y habitados, la de convertirse en vigilantes de explotaciones agrarias que también están siendo víctimas de robos.

Para Izquierda Unida-Verdes está claro que la actividad agrícola no puede carecer de vigilancia, pero también lo está que se pueden arbitrar otro tipo de fórmulas de protección de esta actividad privada que permitan evitar los frecuentes robos sin dejar desprotegidos los núcleos de población y los espacios públicos o, lo que es lo mismo, los derechos de la ciudadanía que mantiene a los cuerpos de seguridad con sus impuestos. Del mismo modo, también queda claro que las patrullas de seguridad puestas en marcha por ciudadanos en poblaciones como Galifa o Pozo Estrecho no constituyen la medida más acorde para poner fin a la proliferación de robos que se están viviendo. Pero lo que no puede hacerse desde el Ayuntamiento es pedirles que cesen en tal actividad sin que al mismo tiempo se les den las soluciones que demandan. En el primero aspecto, el de las explotaciones agropecuarias se pueden establecer fórmulas similares a la realizada con el Polígono Industrial Cabezo Beaza, esto es la concesión de una subvención por la administración -en este caso regional- que les permita, aportando también fondos propios ya que se trata de de una actividad privada, protegerse contra las sustracciones que tanto daño hacen a la economía de los propietarios de las explotaciones. En el segundo, la de la seguridad de núcleos de población y espacios públicos, la solución pasa por la reposición de las plazas de Policía Local vacantes, por el incremento de la plantilla de la Guardia Civil y el destino de las mismas a patrullar por las zonas de su jurisdicción, evitando la sensación de inseguridad que viven los vecinos de los lugares afectados y cesando estos en la actividad, claramente poco acertada, de las patrullas que vienen realizando.