Afirma "que el Sr. Rosique por un lado defiende los intereses públicos como representante de órgano municipal y por otro se dedica a la defensa de los intereses de una empresa que tiene relación contractual con el Ayuntamiento" con lo que está reconociendo implícitamente la clara incompatibilidad que tenían los contratos adjudicados. Lo sorprendente es que a continuación el Sr. Cabezos mantiene que el Sr. Rosique no ha incurrido en ninguna incompatibilidad a nivel legal puesto que los contratos tienen un ámbito de aplicación distinto al territorio que representa como pedáneo.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas en su artículo 12, establece claramente la prohibición de contratar con la Administración Pública con la que se mantiene una vinculación ya sea en régimen de dedicación exclusiva o parcial, como es el caso.

Además la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 establece a su vez en el artículo 75.8 queda también prohibido contratar no sólo durante los años de mandato del cargo institucional, sino hasta en los 2 años posteriores al cese de su responsabilidad.

Por tanto, desde SPCT creemos que la dimisión del Sr. Rosique es una decisión acertada, que llega tarde puesto que esta situación se viene arrastrando desde al menos el año 2.008 donde tenemos constancia de los primeros contratos municipales de su empresa a la vez que era Presidente de la Junta Vecinal de la Puebla, pero además creemos que la irregularidad se extiende no sólo a quién obtiene los contratos sin poderlos obtener, sino a quién los adjudica a sabiendas que no se podían adjudicar a una empresa regentada por un cargo institucional del PP de Cartagena.

Por ello desde SPCT creemos que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento es corresponsable de esta clara irregularidad, y por ello exigimos que asuman su responsabilidad política por este tema.