El destino ha querido que sea hoy, fiesta local en Cartagena cuando el Juez del Caso Novo Carthago envié la imputación de la Alcaldesa de Cartagena al Tribunal Supremo, con esta decisión se confirma que la Alcaldesa de Cartagena se ampara en su aforamiento por ser diputada nacional para evitar lo que empieza a ser inevitable, su dimisión inmediata.

SPCT respeta el legítimo derecho de la Sra. Alcaldesa a defenderse utilizando la estrategia que considere oportuna, pero el caso que se le imputa no es consecuencia de su actividad como diputada, sino como alcaldesa, y por tanto no debe ampararse en el aforamiento para evitar ser juzgada como cualquier ciudadano de a pie.

Su negativa a declarar ante el Juez Abadía, puede ser admisible desde el punto de vista de su estrategia de defensa, pero es inadmisible desde el punto de vista de la ciudadanía, que una vez más ve como un responsable político del PP intenta utilizar argucias legales y privilegios políticos para dilatar su proceso judicial y lo que es más bochornoso, para volver a presentarse a las elecciones municipales del año 2.015.

SPCT exige la dimisión inmediata de la Alcaldesa de Cartagena, puesto que los ciudadanos de Cartagena no pueden en plena crisis económica, con más de 20.000 parados tener a la primera autoridad municipal parapetada en el sillón sin más pretensión que librarse de una condena, y sin atender como es debido las exigencias de un cargo de tanta responsabilidad como el de Alcaldesa de Cartagena, para el que ha quedado totalmente deslegítimada después de no reconocer al TSJ de la Región de Murcia amparada en su fuero.

Si la direccion del PP nacional, regional y local quiere preservar algún resquicio de credibilidad en su "presunta" lucha contra la degradación democrática, debe cesar de inmediato a la Sra. Barreiro.

SPCT recuerda que el código ético del PP en su punto 8 establece "el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".