"El ayuntamiento de Cartagena tiene en el Espacio Joven de la Concejalía de Juventud un servicio destinado al asesoramiento integral de jóvenes entre 14 y 30 años cuya finalidad es la de atender cualquier consulta o demanda que se plantee sobre materias como vivienda, empleo, ciudadanía, educación, social, movilidad y salud y género. Este servicio promueve actuaciones que favorezcan el desarrollo social, personal y profesional de la población juvenil, apoyando su tránsito a la vida adulta y su plena integración en la sociedad como ciudadanos activos", este es texto que utiliza los servicios de contratación del Ayuntamiento de Cartagena para introducir el pliego de condiciones técnicas para la contratación de los servicios que presta el espacio de la concejalía de juventud, o dicho de otra manera para privatizar los servicios que presta la Concejalía de Juventud.

El expediente SE 2014/8 salió a concurso público en virtud de la publicación del BORM de 10/04/2014 con un precio de licitación de 176.606,64 euros, siendo adjudicado a la mercantil EULEN S.A. el 29/05/2014 por 120.026,02 euros. Dicho contrato privatiza este servicio por un período de 2 años tal y como se desprende del pliego técnico y de la propia publicación en el BORM.

Unos días antes concretamente el día 27/03/2014 se publicó un segundo concurso público en el BORM por el que salía a concurso en 280.720 euros los servicios que prestan las 12 ALA (Aulas de Libre Acceso a Internet) que la concejalía de Juventud tiene por diferentes barrios y diputaciones de Cartagena. Este contrato cuyo expediente es el SE/2013/80 se adjudicó a la misma empresa que el contrato anterior el pasado 30/05/2014(un día después) por importe de 191.059,20 euros, y por un período de tiempo igual, es decir 2 años.

Con estos dos contratos, el Ayuntamiento destina 311.085,22 euros a privatizar la concejalía de Juventud casi por completo.

Desde SPCT consideramos una nueva agresión a los servicios públicos municipales la nueva privatización del PP, además se da la paradoja, que el adjudicatario se va a beneficiar de toda la infraestructura y medios técnicos de la Concejalía de Juventud, es decir no tiene que hacer inversión alguna tal y como se desprende de los pliegos de condiciones.

En ambos casos, el pliego de condiciones es tan inconcreto que no establece el número de trabajadores, ni la titulación de los mismos, ni mucho menos el salario que van a percibir el personal contratado por la empresa adjudicataria para prestar el servicio a los jóvenes de Cartagena.

La pregunta que nos hacemos desde SPCT es inmediata ¿Qué van hacer los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento que prestaban hasta ahora el servicio? ¿Van a ser reasignados a otros servicios municipales? ¿Van a ser despedidos los interinos? ¿Van a ser asumidos por la empresa?

Nos parece lamentable que el afán privatizador del equipo de Gobierno del PP acabe con servicios públicos, lo subcontrate a empresas privadas, que lógicamente vienen a ganar dinero, y ponga en peligro un servicio público poniendo en tela de juicio un servicio tan delicado como es la orientación sexual, la orientación laboral y la salud entre otros de la población juvenil del municipio de Cartagena.

Quizás esta decisión se basa en que no se vuelva a repetir el episodio de la beca de transporte universitario que recibió la actual concejal de Juventud, en 2.009, cuando era estudiante de la UPCT, seis meses antes de su toma de posesión, sin cumplir el requisito de distancia al centro educativo, puesto que vivía en Cartagena, hecho que nunca se aclaró por parte de la edil.

Desde SPCT suponemos que poner una empresa para orientar a los jóvenes, se hace, con la sana intención de que no se vuelvan a cometerse "errores" como el suyo.