El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ha presentado en el pleno de esta mañana una pregunta a la alcaldesa referida a si la primera edil va a tener la consideración hacia la ciudadanía que representa para manifestar publicamente su decisión respecto a la declaración voluntaria ante el Tribunal Superior de Justicia, según la determinación del pasado 24 de junio por parte del titular del Juzgado n° 2 del TSJ en la que se estipulaba que, debido a la condición de aforada de Pilar Barreiro, disponía de un plazo de 30 días para decidir sobre tal declaración voluntaria ante el magistrado.

Desde Izquierda Unida-Verdes, se consideraba que si la alcaldesa no prestaba tal declaración voluntaria y se acogía al aforamiento y el consiguiente traslado del caso al Tribunal Supremo, estaría aprovechándose de una situación que nada tiene que ver con su cargo de primera autoridad municipal y, mucho menos, con los presuntos cargos que se le imputan.

La respuesta, que ha sido dada por el vicealcalde, José Cabezos, y no por la propia alcaldesa, se ha basado en el hecho de que al ser Izquierda Unida-Verdes acusación particular, recibirá la contestación a través del Juzgado, pasándose por alto el derecho de los cartageneros a estar informado de una situación que afecta a la máxima representación de todos ellos, tal y como es el Ayuntamiento.

Hay que recordar que a resultas de las diligencias previas 2/2013 relativas al 'Caso Novo Carthago' y de acuerdo con el auto de 24 de abril del año en curso, la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Cartagena resultó formalmente imputada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, sin menoscabo de los que se pudieran derivar de la investigación pendiente de realizar.