La Sra. Alcaldesa de Cartagena ha decidido personarse en el "Caso Novo Carthago" para defenderse del auto del magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, en el que éste considera que existen "indicios muy sólidos y consistentes" de que la alcaldesa cartagenera pudo cometer prevaricación continuada al tramitar la modificación del Plan General (PGOU) del municipio para permitir una urbanización de 10.000 viviendas.

Esta personación la hace la Sra. Alcaldesa a través de 2 abogados que no están en la plantilla municipal, de esa actitud se desprende que piensa defenderse de las gravísimas acusaciones que se le imputan con profesionales del derecho que no son funcionarios municipales. Desde SPCT no entendemos esa forma de proceder, puesto que si ha sido imputada por decisiones tomadas desde su cargo de Alcaldesa debiera defenderse con los letrados municipales, y al no hacerlo, la pregunta que nos hacemos es ¿quién paga a los abogados? ¿los vecinos de Cartagena o Pilar Barreiro?.

Esta decisión en la práctica es un reconocimiento explícito de que está imputada, al contrario de lo que manifestó el Vicealcalde en el pasado pleno de 24 de Junio, y es un motivo más para exigir la dimisión de la Sra. Alcaldesa, puesto que sólo desde su condición de ciudadana sin cargo público podrá ejercer su legítimo derecho de defensa sin someter a la institución que representa al más absoluto de los descréditos.

Por otra parte desde SPCT consideramos que la Sra. Alcaldesa debe aclarar sin esperar a declarar ante un juzgado ¿Si participó en reuniones en yates y hoteles de lujo en los meses previos a la aprobación de Novo Carthago? ¿Con quién se reunió? ¿Quiénes eran los propietarios de los yates que se usaban de sala de reuniones?

Sólo desde la respuesta a estas preguntas, la ciudadanía entenderá que la Sra. Alcaldesa quiere colaborar con la justicia tal y como ella ha manifestado una y otra vez, máxime cuando el propio juez indica en su auto que no ha podido llamar a declarar a todos los que participaron en esas "vacaciones en el mar" por el borrado de imágenes a que obliga la normativa de protección de datos.