Adif tiene previsto que como muy pronto llegue el AVE a Murcia en 2.016, y en el mejor de los casos a Cartagena para el año 2018, siempre condicionado a la evolución de la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo. De forma que todo parece indicar que una vez más Cartagena quedará discriminada en cuanto a infraestructuras se refiere.
SPCT recuerda que nuestro municipio tiene el puerto más importante de la Región, la ciudad con un patrimonio cultural e histórico de mejor potencialidad de la Comunidad Autónoma, la única Universidad Politécnica de la región, el polo industrial más importante de la geografía regional y el mayor número de kilómetros de costa de todo el territorio regional. A pesar de eso, estamos comunicados con una autopista de peaje con Andalucía, con otra autopista de peaje con la Comunidad Valenciana, y con una línea de ferrocarril en precario con Murcia.
Pues bien todas estas potencialidades, y discriminaciones históricas, han sido obviadas por el Gobierno de Rajoy con la complicidad de Valcárcel y la sumisión de Barreiro en el diseño de la llegada del AVE a Cartagena, relegando a nuestro municipio al 2.018, siempre que se ponga en marcha el Corredor Mediterráneo.
Desde SPCT denunciamos el doble lenguaje utilizado por Pilar Barreiro en función del Gobierno de España que en cada momento tiene la responsabilidad de ejercer el poder ejecutivo del Estado. Beligerante, exigente y contestaria cuando el gobierno central no es del PP, y dócil, sumisa y obediente cuando el inquilino de la Moncloa es un dirigente del PP, en un claro ejemplo de trabajar por consolidar su futuro político en lugar de defender los intereses del municipio para el que ha sido elegida por los ciudadanos.
Por último instamos a Pilar Barreiro que en su doble condición de diputada y alcaldesa cumpla con su obligación de exigir la llegada del AVE a Cartagena en los plazos previstos y de manera soterrada. De la misma forma instamos a los agentes sociales, fuerzas políticas y sociales del municipio a que de manera unánime mostremos nuestra total oposición al trato discriminatorio que el Gobierno de España, con el consentimiento del Gobierno Regional, han decidido dar a nuestro municipio