La diputada regional socialista Teresa Rosique afirmó que tanto la propia empresa Zinsa, como la Administración regional “han propiciado con sus incumplimientos que la empresa Quórum Capital no tenga que pagar 90 millones de euros que le restan según el contrato de compra de los terrenos”.

Teresa Rosique recordó que la reclasificación urbanística de los terrenos de Zinsa se justificaba en base a que el dinero que se obtuviera por la venta de los mismos serviría para el traslado de la empresa al polígono de Los Camachos, garantizándose así el mantenimiento del proyecto industrial y de los 250 empleos directos. Y, en su defecto, de no ser posible finalmente la viabilidad del proyecto, se garantizaría la indemnización a los trabajadores.

La diputada socialista indicó que Zinsa firmó un contrato de venta con Quórum Capital en el que se recogían dos condiciones que deberían haberse cumplido el 18 de agosto de 2009: que el suelo de Torreciega debía estar descontaminado y reclasificado.

“Ni la empresa Zinsa ha cumplido con la descontaminación del suelo, actuación de la que es responsable, y la reclasificación urbanística no está aprobada todavía porque falta la aprobación definitiva de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del territorio”, subrayó.

Rosique explicó que, a partir de esos incumplimientos, Quórum Capital se reserva el derecho, según el contrato firmado con Zinsa, de solicitar una auditoría externa que tase el suelo y considera, por lo tanto, que ya no tiene que abonar a Zinsa los 90 millones de euros que le faltaban por pagar para cumplimentar el precio de venta”.

“Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que los incumplimientos -primero de Zinsa, que ha demostrado no tener voluntad de cumplir el compromiso de descontaminación, y después el retraso en la reclasificación urbanística del suelo por parte de la Administración regional- han abierto el camino para que Quórum no tenga que pagar los 90 millones restantes, necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto industrial en Los Camachos”, añadió.

“No podemos entender qué es lo que ha pretendido la empresa Zinsa con este incumplimiento, máxime cuando disponía de 500.000 metros cuadrados de suelo en Los Camachos cuyo uso le había sido cedido por el Gobierno de España a través la empresa estatal SEPES”, insistió Rosique.

Los socialistas quieren saber por qué la Administración regional no ha aprobado todavía la declaración de impacto ambiental y, como consecuencia, la reclasificación urbanística del suelo en el plazo establecido, “cuando el Gobierno regional sabía que este incumplimiento facilitaba que Quórum Capital se quedara con el suelo sin tener que cumplir su parte de los compromisos establecidos”.

Finalmente Rosique anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia del consejero de Agricultura y Agua “para que explique en qué situación se encuentran la descontaminación del suelo de Zinsa en Torreciega y la declaración de impacto ambiental correspondiente a la reclasificación urbanística de dicho suelo”, y la del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio “para que explique por qué dicha Consejería no ha llevado a efecto la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística de dicho suelo, aprobación que corresponde a esa Consejería”.