Cartagena, 5 jul (EFE).- Un juzgado de Cartagena está investigando un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico por un valor superior al millón de euros, cometido supuestamente en el Mar Menor y en el que estarían implicadas varias personas, entre ellas un empleado de un ayuntamiento de la comarca.

Las diligencias, que instruye el juzgado de instrucción número Dos de Cartagena, son resultado de las investigaciones desarrolladas conjuntamente por la Guardia Civil de El Algar (Cartagena), Santiago de la Ribera (San Javier) y San Pedro del Pinatar, en colaboración con los servicios de inspección de Iberdrola.

Fuentes de la compañía eléctrica informaron a EFE de que, aunque la investigación aún está abierta, hay varias personas imputadas, entre las que se encuentran un empleado municipal del Mar Menor y un antiguo responsable de una de las empresas donde se ha detectado fraude.

El modus operandi consistía en que ofrecían a las empresas de la zona una rebaja en el recibo de la luz a cambio de cierta cantidad de dinero, lo que en realidad encubría un fraude a la compañía eléctrica.

En concreto, el fraude que se investiga consistía en la manipulación de los equipos de medida de energía (contadores) para evitar que registraran la energía eléctrica consumida en su totalidad por el cliente.

Según Iberdrola, hasta el momento han sido llamados a declarar ante la Guardia Civil por su presunta implicación en esta trama de defraudación de fluido eléctrico 14 personas, entre los que figuran los cerebros del fraude y los propietarios y responsables de empresas y comercios en cuyos equipos de medida se ha detectado una manipulación que podría ser constitutiva de un delito penal.

Durante la operación desarrollada por la Guardia Civil en los últimos meses se ha intervenido documentación, dinero en metálico y varias cuentas bancarias, resultado de los registros domiciliarios y vigilancias llevados a cabo.

Iberdrola advierte de que las conexiones ilegales, al realizarse sin supervisión de un técnico especializado e incumplir la legalidad y la normativa administrativa, resultan muy peligrosas para las personas y las instalaciones porque pueden provocar incendios o electrocuciones.

También destaca que el que defrauda energía perjudica económicamente al resto de los consumidores, debido a que la actual configuración del marco tarifario asigna las pérdidas de electricidad al cálculo de las siguientes tarifas, provocando de este modo un aumento de las mismas.

Asimismo, el hecho de engancharse ilegalmente a la red de distribución puede provocar averías en las instalaciones al superarse la capacidad de las mismas, lo que también perjudica al resto de los clientes. EFE