En las últimas semanas se ha generado una gran polémica en torno a la asistencia sanitaria que se le quiere prestar a la población irregular, a los que muchos llaman 'sin papeles'. Esta situación ha generado mucha controversia política entre aquellas comunidades que plantean una atención sanitaria sin restricciones y aquellas otras que plantean una atención sanitaria regulada y ordenada, ya que hay que financiarla con dinero público, con dinero de todos.

La Disposición Final tercera del R.D.L. 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones modifica el Art. 12) de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social modificó el régimen del derecho a la salud de aquellas personas que estaban en España de forma irregular, dejando la asistencia sanitaria en manos de los Servicios de Urgencias, salvo en el caso de menores de edad y embarazadas que mantuvieron la cobertura total.

No todas las comunidades autónomas reaccionaron igual a partir del 24-04-2012, fecha en la que entró en vigor el R.D.L. 16/2012, ya que mientras que algunas acataron la normativa en vigor (Murcia, La Rioja… ) otras se opusieron frontalmente a la exclusión de la población irregular ( Andalucía, Asturias … ) ofreciendo una Sanidad sin limitaciones y unas pocas continuaron atendiendo a este colectivo con limitaciones.

Las prestaciones sanitarias que se le ofrecían a dicha población eran diferentes según la comunidad en la que residían.

La situación en la Región de Murcia tras la entrada en vigor de la normativa anteriormente mencionada fue seguir prestando asistencia sanitaria a los irregulares menores de edad, a las embarazadas, a los enfermos crónicos y aquellas personas que accedían a través de los Servicios de Urgencias.

Los tres primeros grupos pudiéndolos calificar de muy sensibles sanitariamente hablando continuaron teniendo asegurada la atención primaria, la atención especializada y la aplicación de un tratamiento farmacológico según sus patologías

Esta situación ha dado lugar a una problemática en la que no caben ni dudas ni controversias en la opinión pública ni en este colectivo de personas, es necesario que se llegue a un consenso de todos los Servicios de Salud en el Consejo Interterritorial y aplicar unos criterios comunes para evitar así el efecto llamada.

Desde las últimas elecciones municipales y autonómicas ( mayo 2015 ) hay gobiernos autonómicos que han anunciado la extensión de la asistencia sanitaria a todos los empadronados en su territorio con los únicos requisitos de tener nacionalidad extranjera, ser mayor de edad y no tener cobertura sanitaria, lo cual me parece un acto de imprudencia e irresponsabilidad, ya que si queremos avanzar en que nuestro sistema sanitario público sea uno de los mejores, también tenemos que hacerlo viable, sostenible y gestionarlo con rigor.

Es necesario y fundamental que al igual que se le exige a la población regulada unos requisitos para tener derecho a la asistencia sanitaria de una forma integral, también se le exija a la población irregular, y en este trámite los servicios sociales de las Comunidades Autónomas juegan un papel primordial para analizar con rigor y caso por caso la situación real de aquellas personas que solicitan asistencia sanitaria.

No podemos hacer demagogia con la Sanidad ya que nos convertiremos en rehenes de promesas que pueden socavar el estado del bienestar de todos. Parece que en las últimas semanas estemos asistiendo a un concurso público de ver qué Comunidad Autónoma ofrece más prestaciones sanitarias a la población irregular.

Dijo un político que la demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores, y qué razón tenía. Las prestaciones sanitarias que se ofrezcan a la población irregular deben de ser las mismas en todo el territorio nacional por lo que es necesario llegar a un consenso para que dicha asistencia se preste de una forma ordenada, regulada e integral dando seguridad jurídica a sus receptores.

El Ministerio de Sanidad debe de fijar unas pautas, unas directrices comunes a todas las Comunidades Autónomas, ya que los recursos no son infinitos, y anteponer una Sanidad viable y sostenible a intereses electoralistas. Sanidad para todos sí, pero administrándola con rigor, sensatez y sin poner el riesgo el Sistema Nacional de Salud.