Estos vehículos habrían sido retirados de la vía pública por la Policía Local y su presunta enajenación o venta se habría podido realizar de forma ilegal. Según se deduce, esta cifra de vehículos se refiere a las enajenaciones producidas desde el mes de mayo de 2012 hasta la fecha, estando a la espera de obtener más datos desde el año 2005, puesto que desde entonces no consta se haya producido ingreso alguno en las arcas municipales por este concepto, ni consta que se haya seguido el procedimiento adecuado.

En el citado informe se pone de manifiesto que la extralimitación de funciones de los responsables de la custodia del depósito municipal de vehículos, puede ser constitutiva de una falta muy grave del artículo 38.3 de la Ley de coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia.

Ante la presunta gravedad de los hechos, proponemos se adopten con carácter inmediato las medidas indicadas en el citado informe, con especial referencia "a la apertura de expediente disciplinario, o al menos, diligencias preliminares, para depurar las posibles responsabilidades en los funcionarios responsables". Así mismo, "en caso de que se apreciaran indicios de la comisión de un delito en el desarrollo del citado expediente o diligencias preliminares, proceder a dar inmediata cuenta al Ministerio Fiscal...".

Dado que a día de hoy no se ha incoado expediente alguno a los presuntos responsables, y puesto que la cifra real de vehículos enajenados irregularmente podría ser muy superior a la cifra anteriormente mencionada, a falta de disponer del registro de entrada y salida de vehículos del depósito municipal desde el año 2005, consideramos que el resultado más evidente es que se ha podido ocasionar un claro perjuicio tanto a determinados propietarios de vehículos particulares, como a las propias arcas municipales, faltando a los principios de publicidad y concurrencia, atribuyéndose los funcionarios responsables competencias que no les corresponde, de lo que entendemos también podría verse salpicado el propio equipo de gobierno de no atajarse esto de un modo claro e inmediato.

Por tanto, proponemos, al Ayuntamiento Pleno el siguiente Acuerdo:

"Instar a la Junta de Gobierno Local a la apertura de expediente disciplinario, o al menos, diligencias preliminares para depurar las posibles responsabilidades en los funcionarios correspondientes y proceder a dar inmediata cuenta al Ministerio fiscal de estos hechos, ante el más mínimo indicio de infracción penal."