Campos del Río, 4 ago (EFE).- El PP de Campos del Río anunció hoy que estudia tomar medidas legales ante la aprobación por parte del alcalde de la localidad de una partida de 90.000 euros, con cargo al ayuntamiento, para contratar un bufete de abogados, con el objetivo de "sacar adelante" el proyecto de la promotora Trampolín Hills en la zona.
En un comunicado de prensa el portavoz del grupo popular de Campos del Río, Miguel Buendía, señaló que el consistorio tiene contratado desde hace años un servicio jurídico externo con la empresa AKAL pero "ha contratado otro servicio jurídico para buscar solución al problema de la urbanización promovida por grupo Trampolín en Campos del Río".
Según Buendía, el alcalde de Campos del Río, del PSOE, acordó este gasto mediante la adjudicación de cinco contratos por valor de 18.000 euros cada uno para tratar separadamente diversos aspectos del expediente de Trampolín Hills, ya que este tipo de contratos, de carácter menor, pueden ser adjudicados otorgados directamente por el regidor, "evitando así que un pleno o Junta de Gobierno se pronuncie al respecto".
Añadió que su partido estudia tomar medidas legales contra el alcalde por esta resolución, "ya que puede haber un desglose del objeto del contrato para tramitar la adjudicación por la vía más rápida que permite la Ley de Contratos del Sector Público".
"Esto es un escándalo y un despilfarro, ya que el ayuntamiento no sólo disponía ya de un servicio jurídico que aún mantiene, sino que también cuenta con el asesoramiento del secretario-interventor", criticó el dirigente del PP, quien agregó que "los ciudadanos de Campos del Río no pueden permitirse el lujo de pagar esos servicios ni las acciones caprichosas del alcalde".
Miguel Buendía pidió al secretario general del PSRM, Pedro Saura, que, antes de irse de vacaciones, "tome medidas en su partido en Campos del Río y pare los pies a un alcalde que no tiene proyecto político para su pueblo más allá de sacar adelante determinados proyectos urbanísticos, y que malgasta los impuestos que pagan los ciudadanos".EFE