Desde el Partido Popular de Calasparra se denuncia públicamente las argucias del PSOE, algunas de ellas ilegales, para vaciar el bolsillo de los calasparreños.

Y es que muchos vecinos de Calasparra han recibido cartas remitidas por el Ayuntamiento que contienen sanciones por presuntas infracciones urbanísticas, dictadas y firmadas por el Alcalde el pasado 28 de Diciembre.

Según la información recibida de los vecinos afectados, estas sanciones van desde los 1.000 hasta los 30.000 euros y se refieren a presuntas irregularidades cometidas desde 1999.

Ya en el último debate de los presupuestos (del 2011), o mejor dicho, "supuestos", ya que se debaten siempre con un año de retraso, el Partido Popular advirtió de la existencia de una partida presupuestaria que pretendía ingresar 1.082.000 euros por sanciones urbanísticas en un pueblo de 10.500 habitantes y después de haber presupuestado el cobro de 20.000 euros por esta misma partida en el año 2009. Razón por la que el Partido Popular señaló que nuestros gobernantes pensaban "sancionar a medio pueblo", tal y como al final ha sido, aunque dudan que vayan a cobrar dicho importe.

Para el Partido Popular es escandaloso que el alcalde se decida a resolver los expedientes de muchas de esas presuntas irregularidades urbanísticas (Producidas en algunos casos antes del año 2000), en un momento que la crisis económica más está afectando a las familias calasparreñas.

Por otro lado, para el Partido Popular es bochornoso que estos expedientes hayan permanecido dormidos en los cajones de las mesas del Ayuntamiento durante más de diez años, con el grave perjuicio que ha supuesto a las arcas municipales, ya que han dejado de recaudar lo que por ley correspondía. Lo que demuestra claramente que nuestros gobernantes municipales han actuado con total irresponsabilidad en este proceso, pensando más en intereses electorales que en cumplir y hacer cumplir la legislación vigente.

Para el Partido Popular la mayoría de estos expedientes son improcedentes por no ajustarse a derecho, teniendo en cuenta el texto legislativo en el que se apoyan, que no es otro que el Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Este Decreto establece en su artículo 246, punto 1, que con carácter general las infracciones urbanísticas muy graves y graves prescribirán a los 4 años y las leves al año. Y en su punto 3 establece que el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción o si esta fuera desconocida, desde la fecha en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos exteriores que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. Por lo tanto si se tienen en cuenta las fechas que se reflejan en los expedientes, la gran mayoría son ilegales.

Sólo al afán recaudatorio, motivado por la crítica situación financiera del Ayuntamiento, y al hecho de intentar cuadrar los presupuestos del año 2011 con una partida de ingresos de estas sanciones totalmente irreal e imposible, atribuyen los populares el nefasto proceder de los dirigentes socialistas en esta cuestión.

El Partido Popular quiere recordar que ejecutar directamente el cobro por parte del Ayuntamiento sin mediación de la Agencia Regional de Recaudación, deja al descubierto la intención engañosa y poco clara de los políticos socialistas, que hacen un llamamiento personal a los afectados para tratar los casos individualmente. Acción que la lleva directamente el Sr. Teniente Alcalde y Concejal de Hacienda, Sr. Vélez, quien según información de los propios afectados los recibe y según su conveniencia, aplica porcentajes de reducción en las cuantías de las sanciones en unos casos, y en otros, sencillamente les dice que se olviden, rompiendo directamente la notificación.

Todo este proceso está generando una gran alarma social entre los afectados que no entienden la forma de actuar de sus gobernantes.

Desde el Partido Popular creemos que el que comete una infracción la tiene que pagar, pero en tiempo y forma, y si por la dejadez y la mala gestión de nuestros gobernantes esto no ha ocurrido, habrá que depurar las responsabilidades políticas correspondientes.

El Partido Popular lamenta estas prácticas ilegales, abusivas y discriminatorias del Alcalde y de su equipo de gobierno, injustificables en todos los casos, y propias de unos dirigentes a la deriva, que no sólo han perdido el Norte, sino también el Sur.