Al llegar hoy a sus puestos de trabajo, los empleados públicos de este servicio, , se les ha comunicado el cierre voluntario por parte del Director General de Energía y Actividad Minera de la CARM, Federico Miralles. Esta estación de ITV es la única de gestión pública en la Región de Murcia
Hoy lunes 18 de diciembre, los 20 empleados públicos que trabajan en la ITV de Alcantarilla, la única de gestión pública a nivel regional, se han encontrado con el cierre sorpresivo, a través de un comunicado interno que les ha entregado el Jefe de Servicio y el Subdirector de este centro público. En el escrito (que se acompaña a esta nota de prensa), se indica que desde hoy lunes 18 de diciembre permanecerá cerrada y que sólo se atenderá a los usuarios que tengan pendiente la segunda revisión de su vehículo.
Para Pedro Antonio Martínez, Secretario del Sector de Comunidad Autónoma de UGT-Servicios Públicos Reg.Murcia, este es un caso inaudito de la Administración Regional, que se filtró a los medios de comunicación el pasado miércoles, y que sin contar con los trabajadores y sus representantes, se ha procedido al cierre patronal, alegando que "hay unas 14 estaciones de ITV en 30 km alrededor de la de Alcantarilla".
"Esta desfachatez es un cierre patronal en toda regla, saltándose la legislación laboral, sin previo aviso y sin indicación ni negociación de cómo se recolocarán los 20 puestos de trabajo, entre los que hay 6 interinos, que pensamos que irán al paro.
Para Pedro Antonio Martínez, "este es un paso más de desvergüenza del Gobierno Regional; ya desde que en el año 2017 se liberalizó el sector y a lo que desde el sindicato nos opusimos frontalmente avisábamos de que esto se venía cociendo, y ahora se ve el resultado".
UGT exige al Gobierno Regional que revoque esta decisión de inmediato, que no cierre esta ITV por ser la única pública y por ser referente de calidad, de servicio y profesionalidad de gran nivel.
Por último, desde UGT Servicios Públicos no se descarta el iniciar acciones legales contra este cierre patronal, por vulneración de derechos fundamentales como la consulta y participación sindical.