Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Alcantarilla y la Comunidad Autónoma la destrucción de flora protegida en un plan parcial industrial del municipio, en el “PARQUE EMPRESARIAL SAN ANDRÉS”, donde se está roturando la vegetación natural de zonas –en particular, junto a la Autovía del Mediterráneo- donde aparecen tipos de hábitats naturales de interés comunitario y especies de flora silvestre catalogadas como “vulnerables”, según el informe de la Dirección General del Medio Natural al expediente de evaluación ambiental nº 15966/2020 del Ayuntamiento de Alcantarilla al Plan Especial urbanístico de la zona que se reproduce a continuación:
Según Ecologistas en Acción, estas acciones irían en contra de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que sanciona la destrucción, muerte o deterioro de especies de flora y fauna catalogadas como vulnerables en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida creado por Decreto n.º 50/2003, de 30 de mayo, así como la alteración significativa de los hábitats de interés comunitario.
La organización ecologista exige la inmediata intervención del Ayuntamiento abriéndose el correspondiente expediente administrativo sancionador, para dirimir las responsabilidades administrativas en que se haya incurrido, así como la paralización inmediata de la actividad y la reposición al estado anterior, tal y como exige la normativa.
También han denunciado que no se ha tramitado ni aprobado la evaluación de impacto ambiental ni del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial San Andrés de Alcantarilla ni de su modificación como consecuencia del Plan especial.
Para terminar, Ecologistas en Acción alerta sobre la ausencia de evaluación ambiental por parte de los Ayuntamientos de la mayoría, por no decir casi todos, los proyectos de urbanización industriales y sus modificaciones, ante la indiferencia de la Dirección General de Medio Ambiente, dirigida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Francisco Marín. La Ley estatal española y la Directiva europea exigen que todos los proyectos de urbanización industriales sean sometidos a evaluación de impacto ambiental, requisito cuya ausencia los hace nulos de pleno derecho.